PRESENTÓ UNA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRIBUTACIÓN DEL COLECTIVO

El PSOE propone eliminar recargos, intereses y sanciones a los pensionistas del exterior que regularicen sus deudas con Hacienda

| 17 Marzo 2018 - 15:03 h.
Eva Foncubierta, durante la reunión con Margarita Robles y Rafael Simancas y otros representantes del PSOE y Unidos Podemos.
Eva Foncubierta, durante la reunión con Margarita Robles y Rafael Simancas y otros representantes del PSOE y Unidos Podemos.

El PSOE presentó una proposición de ley en el Congreso en relación con la tributación de las pensiones procedentes del extranjero en la que pide que, con carácter excepcional, se evite imponer recargos, intereses y sanciones en los procedimientos de regularización de las deudas tributarias que competen a este colectivo, teniendo en cuenta sus dificultades para comprender cuestiones fiscales. Los socialistas españoles entienden que, por tratarse de personas de “edad avanzada, escasos recursos y dificultades de toda índole”, el proceso de regularización de las deudas, que se inició en enero de 2015 y finalizó el 30 de junio de ese año –gracias a la Disposición adicional única de la ley de 27 de noviembre de 2014– “no alcanzó los objetivos que eran deseables”, por lo que todavía existe un número considerable de contribuyentes que están siendo requeridos de nuevo por la administración tributaria y con la consiguiente sanción.

En la proposición de ley presentada días atrás en el Congreso, el PSOE plantea que se obligue a la administración tributaria a que ponga a disposición de estos contribuyentes un borrador de declaración de la Renta con el importe que considere sujeto a tributación por el citado impuesto. En el supuesto de que el afectado considere que el borrador no refleja su situación tributaria, deberá presentar igualmente la declaración, aunque podrá instar la rectificación del mismo.

En los supuestos en los que la devolución de los recargos, intereses y sanciones, así como recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora no hubiese sido solicitado en plazo por los contribuyentes, el PSOE propone que la administración tributaria proceda de oficio, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, al reintegro de los importes ingresados y no devueltos a los afectados.

Así mismo, y con “carácter excepcional”, en su proposición recoge, literalmente, que “dadas las dificultades que han experimentado los contribuyentes en este ámbito, los procedimientos de regularización de las deudas tributarias correspondientes a las pensiones procedentes del extranjero, que hayan sido iniciados antes o después” del 30 de junio de 2015 o “hayan finalizado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, no darán lugar a la imposición de recargos, intereses y sanciones en la parte proporcional que corresponda al importe de las pensiones regularizadas en relación con el resto de los rendimientos objeto de regularización”.

Igualmente, propone que las “autoliquidaciones complementarias que, por los periodos no prescritos, hubiesen sido presentadas por los contribuyentes” con posterioridad al 30 de junio de 2015, “tampoco” den lugar “a la imposición de recargos e intereses”.

 

Discriminación entre autonomías

 

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer), Eva Foncubierta, aseguró a ‘Crónicas de la Emigración’ que en esta nueva tanda de requerimientos a los pensionistas del exterior para que declaren, se da el caso de comunidades autónomas, como Asturias, en las que se les están solicitando las contribuciones a los afectados reclamándoles, además, los intereses de demora, pero sin anunciar sanciones, mientras que en la mayoría de ellas, como es el caso de Galicia, Madrid o Andalucía, se les anuncia la posterior sanción administrativa.

Por ese motivo, representantes de la Federación, entre los que se encuentra, se reunieron recientemente con representantes de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos, entre los que figuraban Margarita Robles y Rafael Simancas, para expresarles su disconformidad con el modo de proceder de la Hacienda española con los pensionistas retornados.

Foncubierta informó de que representantes de los colectivos de retornados tienen previsto reunirse en breve con los delegados provinciales de Hacienda para poner en su conocimiento este hecho y poder saber de primera mano si existen algunas directrices internas que permitan actuar de modo tan dispar entre comunidades.

La presidenta de la Feaer denuncia, además, que, con el procedimiento acordado para recaudar las deudas, a muchos de los afectados se les acumulan deudas de unos años para otros, por lo que se quedan prácticamente sin dinero para afrontar los gastos mensuales.

Alrededor de 700.000 personas podrían verse afectadas por los nuevos requerimientos de Hacienda a los pensionistas del exterior para contribuir a las arcas del Estado, según Foncubierta, teniendo en cuenta que tan solo alrededor de 200.000 personas regularizó su situación en el periodo de seis meses establecido al amparo de la Disposición adicional única de 27 de noviembre de 2014.

 

Proposición no de Ley

El PSOE presentó el pasado mes de febrero en el Congreso una Proposición no de Ley sobre discriminación fiscal de los emigrantes retornados, que contó con el respaldo de la Cámara. En ella se insta al Gobierno a que cumpla con el acuerdo del Congreso, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, sobre las medidas que afectan a los que perciben pensiones del extranjero, así como que paralice los requerimientos que se están realizando al colectivo.

 

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