LOS PARTIDOS SE POSICIONAN ANTE LA INVESTIGACIóN EN EL CONGRESO

PP y PSOE niegan que puedan existir responsabilidades políticas en la implantación del ‘voto rogado’

Partido Popular y Partido Socialista han votado a favor de la propuesta de Podemos de crear una comisión de investigación en el Congreso para abordar los problemas derivados de la implantación del ‘voto rogado’ y buscar soluciones que pongan fin a la escasa participación de los residentes en el exterior en los comicios que se celebran en España.

PP y PSOE niegan que puedan existir responsabilidades políticas en la implantación del ‘voto rogado’

Partido Popular y Partido Socialista han votado a favor de la propuesta de Podemos de crear una comisión de investigación en el Congreso para abordar los problemas derivados de la implantación del ‘voto rogado’ y buscar soluciones que pongan fin a la escasa participación de los residentes en el exterior en los comicios que se celebran en España, que experimentó un descenso considerable, al pasar del 30% en las generales de 2008 a menos del 5% en las de 2011 y 2016. Sin embargo, ambos partidos coinciden en eludir cualquier tipo de responsabilidad política en este asunto, toda vez que ello debe ser achacado “a los plazos de la ley –algo que se podrá cambiar en la ley”– y, en buena medida, a los problemas detectados en los “sistemas postales extranjeros”, dijo, en el debate previo a la votación de la propuesta, el diputado del PP en el Congreso José Ramón García Hernández.

En parecidos términos se expresó el socialista Gregorio Cámara Villar, para quien el problema radica “en la reforma legal de 2011, en la multiplicidad de actores intervinientes en el proceso electoral y en las dificultades de certificación y de funcionamiento de los servicios postales, especialmente en determinados países”. Por eso, “no parece deducirse, ni de la justificación de la propuesta ni del conocimiento general que tenemos de la cuestión, que existan responsabilidades políticas que sustentar”, aclaró el diputado.

A su entender, la solicitud de los grupos proponentes va dirigida a estudiar a fondo el proceso y proponer soluciones para que los residentes en el extranjero vean garantizado su derecho al voto. Por eso considera que, mejor que una comisión de investigación, hubiese sido “más idóneo” crear una comisión no permanente para abordar esta cuestión “o reconducir la consecución” de los objetivos marcados “en una comisión no permanente sobre una reforma más amplia de la ley orgánica”, ya que las comisiones de investigación implican, además, que “el Parlamento pueda llevar a cabo la exigencia de algún tipo de responsabilidad”, puntualizó.

Sobre este asunto, el diputado del PP se preguntó: “¿Por qué una comisión de investigación, que siempre busca un responsable político, y no una comisión permanente o de estudio para buscar medios, ver dónde están los fallos y arbitrar soluciones?”. Y puesto que una de las respuestas dadas por la Junta Electoral Central a IU para justificar el fallo del sistema hacía alusión a los problemas surgidos en los sistemas postales extranjeros, García Hernández aprovechó para aseverar, con ironía, que no es el PP el que ha “asesorado a Venezuela en ninguno de los casos sobre cómo se debe mantener o hacer el voto”.

El portavoz del PP matizó que lo que busca su partido al respaldar la proposición de Podemos es garantizar el derecho al voto, pero advirtió de que su voto afirmativo no será un “cheque en blanco” para buscar “un culpable”, sino “una solución”.

“Yo sé que en la comisión de investigación lo que buscarán es siempre un culpable y, estando allí el PP nos lo van a hacer muy corto”, aseveró.

Socialistas y populares también coinciden en justificar la finalidad última de la modificación de la Loreg. Los segundos la respaldaron con la intención de “proveer de mayor seguridad jurídica al voto y cercenar las posibilidades de fraude que existían”, y los primeros lo hicieron con la intención de “dotar de mayores garantías” al voto exterior, aunque reconocen que “pronto se puso de manifiesto” una reducción en la participación de los españoles en los comicios a partir de su entrada en vigor. Por ese motivo, tras la solicitud por parte de los residentes en el exterior de la modificación de la normativa, el Grupo Parlamentario Socialista presentó reiteradas iniciativas encaminadas a satisfacer las peticiones del colectivo, aclaró Cámara Villar, quien añadió que incluso el primer día de la actual legislatura se presentó una proposición de ley orgánica de reforma de la Loreg para pedir la supresión del voto rogado.

Sin embargo, consideran que la incertidumbre en el panorama político impide emprender las acciones pertinentes para acabar de una vez con este problema y aseguran que si no se constituye un gobierno antes del 3 de mayo, ni la comisión de investigación ni la proposición de ley “servirán para nada”.

“La consecuencia será que en los próximos comicios se reproducirán los mismos problemas que [se denuncian] en la iniciativa planteada y quedará en la más completa incertidumbre lo que con posterioridad pueda hacerse al respecto”, aseguró el diputado socialista, quien aprovechó la sesión en la Cámara para pedir a Podemos que se avenga al diálogo para favorecer la investidura de Pedro Sánchez y abrir caminos que pongan fin a lo que consideran, han sido cuatro años de maltrato de los derechos sociales y democráticos por culpa de la política del Partido Popular.

Bustinduy: “Quien ha legislado de esta manera, debe dar explicaciones”

La pretensión de populares y socialistas de eludir responsabilidades en este asunto no es compartida por el grupo de Podemos, impulsor de la iniciativa parlamentaria, quienes se muestran partidarios de buscar culpables y piden que se den explicaciones al respecto.

La actual normativa “ha generado un infierno burocrático”, aseguró durante el debate el portavoz del grupo Pablo Bustinduy, para quien, “o estamos ante una colosal muestra de indiferencia, de incapacidad y de ineptitud para la función pública” en este caso, o “ante un inmenso ejercicio de prevaricación que ha silenciado la voz y arrebatado los derechos básicos de millones de nuestros compatriotas”. Por eso, “quien ha legislado de esta manera, en cualquiera de los dos casos, debe dar explicaciones y rendir cuentas en la sede de la soberanía popular”, añadió, después de aseverar que “el voto es el derecho más sagrado en una democracia”.

Hervías Chirosa: “Estamos a tiempo de que no haya nuevas elecciones y de solucionar el problema del voto rogado”

El representante de Ciudadanos, Francisco Javier Hervías Chirosa, reconoció que la comisión de investigación “no es la fórmula más ágil, eficaz y rápida” de buscar soluciones al problema del voto exterior, sin embargo, apoyó la iniciativa con la intención de conseguir que esa solución sea “conjunta, consensuada”, para que “todos los ciudadanos con derecho a voto” y “todos nuestros compatriotas puedan votar libremente”.

Tras criticar la falta de diálogo entre los grupos políticos para facilitar la formación de un gobierno que permita cuanto antes abordar este asunto, recordó que la convocatoria de nuevas elecciones dejará en evidencia una vez más los problemas del voto exterior. Por lo tanto, “aún estamos a tiempo de evitar que eso pase en junio”, dijo, en alusión al PP y a Podemos, a los que pidió que dejen a un lado el “inmovilismo”, y les recordó: “Estamos a tiempo de que no haya unas nuevas elecciones y, por lo tanto, estamos a tiempo en esta legislatura de solucionar ese problema del voto rogado”, aseguró.

Sánchez Maroto: “Deberíamos hacer todo lo posible para que los dos millones de votos sean ejercidos como un derecho y no rogados ni robados”

Por Izquierda Unida tomó la palabra la diputada Soledad Sánchez Maroto para pedir que se auditen las “responsabilidades políticas y técnicas” derivadas de este asunto, y recordó que la Cámara dejó morir en la pasada legislatura una propuesta del Parlamento gallego para abordar un problema que está en la calle y que ha movilizado a gente en plataformas como Marea Granate, en busca de una solución a lo que “desde el principio, parece que fue un gran error”, dijo.

Ante esta situación, cree que lo importante es que los partidos se pongan de acuerdo para que los dos millones de votos del exterior “puedan ser ejercidos como un derecho y no rogados ni robados”.

Tardá: “Hemos pasado de la resurrección de los muertos a ahogar aquello que debería fomentar la participación ciudadana”

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá, centró su discurso en los problemas con el voto en esta comunidad autónoma y además de asegurar que el 64% del voto exterior catalán es independentista, también acusó al Gobierno central de poner trabas en las convocatorias de ámbito autonómico. Los consulados y embajadas funcionan “no al servicio de los ciudadanos, sino intentando ponerles cortapisas” cuando hay elecciones autonómicas, dijo, mientras que cuando llegan las generales “el Gobierno español” cambia “de posición” y la Junta Electoral Central “facilita el voto de los residentes en el extranjero”, aseguró.

Tardá también recordó las denuncias de los “compañeros nacionalistas e independentistas del BNG” sobre “las maneras de hacer torticeras y fraudulentas del Gobierno gallego” presidido por Fraga Iribarne e insistió en que su formación política quedó al margen del acuerdo entre PSOE y PP, al que se sumó Convergència, para modificar la Loreg en materia de voto exterior.

“No estuvimos en el ajo, puesto que cuando pactan los unos y los otros, siempre, siempre, acabamos perdiendo los mismos”, adujo, y añadió: “Las consecuencias han sido nefastas. Hemos pasado de las trampas, de la resurrección de los muertos, a matar, a ahogar aquello que debería fomentar un Estado democrático y avanzado, que es la participación de sus ciudadanos cuando estos residen en el extranjero de forma permanente o como transeúntes”.

Nogueras i Camero: “El Govern de Cataluña implementará el voto electrónico para garantizar los derechos fundamentales”

La defensa de los intereses de Cataluña también fue esgrimida durante el debate por la portavoz de Democracia I Libertat, Miriam Nogueras i Camero, quien habló en el hemiciclo del corredor del Mediterráneo, del traslado de leyes y decretos aprobados en el Parlament catalán al Tribunal Constitucional, del injusto reparto de los presupuestos en materia de Cultura, de las delegaciones catalanas en el extranjero.

Una vez centrada en el asunto en cuestión, tachó la ley anterior a la reforma de “muy mala”, “antigua, como antigua es la política española en general, y cansa”, dijo, y justificó su apoyo a la redactada en 2011 para favorecer el “cambio”. En las elecciones de 2012 en Cataluña, ya se dieron cuenta de la “inoperatividad de esta ley”, según relató Nogueras, quien aseguró que los de su partido fueron los primeros en proponer la modificación de la Loreg y el sistema de votación electrónica.

En este sentido, adelantó que “El Govern de Cataluña implementará el voto electrónico para garantizar los derechos fundamentales”, porque en Cataluña “no vamos al mismo ritmo” que el resto de España, dijo, y en tres meses el nuevo gobierno autonómico presentará el sistema telemático, como, según informó, ya hacen en Francia, Suiza, Noruega, Canadá o Estados Unidos, porque en Cataluña se está trabajando y convirtiendo el territorio en un “Estado eficiente”, porque lo “necesitamos de manera urgente”.

Legarda Uriarte: “Estos problemas podrían ser tratados en las comisiones que ya existen”

La postura del PNV fue defendida por Mikel Legarda Uriarte, quien no consideró procedente dar su apoyo a la comisión, porque los problemas derivados de la aplicación de la Loreg “pudieran tener un tratamiento adecuado ya en las comisiones que existen, en concreto, en la Comisión de Justicia”, dijo.

Legarda hizo un repaso de los problemas con que se encuentran los españoles en el exterior a la hora de ejercer su derecho al voto en las elecciones que se celebran en España y, en este sentido, se refirió a la insuficiencia de los plazos establecidos para ajustarse al proceso electoral, la desactualización del CERA, la falta de diligencia del Gobierno a la hora de cumplir sus obligaciones, y al poco y mal formado personal y a la interpretación incongruente del ordenamiento jurídico que realiza en algunos casos. También hizo alusión a los reducidos horarios dispuestos para la atención al público en consulados y embajadas y a los problemas en la página web del INE y en su servicio de atención telefónica, así como a la falta de reembolso total o parcial de los gastos que han tenido que afrontar los votantes para hacer efectivo el sufragio.

Martínez Oblanca: “La experiencia vivida en Asturias nos anima a apoyar la investigación”

El interés de Foro Asturias para respaldar la comisión de investigación surge por la experiencia vivida en el Principado en las elecciones de marzo de 2012 cuando este partido presentó una denuncia por presuntos delitos de falsedad e infracción del voto por correo en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), debido a que en el escrutinio se contabilizaron 334 votos de electores que no aparecían en la relación de quienes sí habían solicitado el voto conforme a la legalidad vigente.

Ello puso de manifiesto, según Isidro Martínez Oblanca, “la laxitud” de los controles por parte del órgano encargado de velar en última instancia por el cumplimiento de los requisitos legales y fue necesario repetir elecciones en la circunscripción occidental.

Tras esta experiencia reciente, Foro Asturias apuesta por que se investiguen “las irregularidades en el proceso de recepción” de los votos del exterior, “en su incorporación al escrutinio” y “en su recuento final”, ya que, como se ha señalado, “puede alterar el reparto definitivo de escaños e incluso las posibilidades de formación de un Gobierno”, dijo Martínez Oblanca.