Podemos presenta una Proposición de Ley para que se abra un nuevo plazo en la regularización de las pensiones de retornados

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó a trámite una Proposición de Ley en la que se solicita que se abra un nuevo plazo que permita solventar los errores detectados durante el periodo anteriormente dado para la regularización de las pensiones de los retornados. También pide que la Agencia Tributaria devuelva de oficio los recargos o sanciones impuestas “que hubieran adquirido firmeza que fueron obtenidos de manera poco garantista, transparente y segura para los contribuyentes afectados” y que incluya en los borradores y en los datos fiscales las rentas provenientes de los países de la Unión Europea.

Además, se solicita que la nueva Ley contemple de manera expresa que este colectivo cuente con un plazo de aplazamiento de pagos superior al que contempla la norma general, de manera que se les permita regularizar sus deudas con Hacienda en hasta 60 meses, sobre todo teniendo en cuenta que, en algunos casos, son varios los ejercicios a regularizar e importantes las cantidades a abonar.

La propuesta del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) de manera que se garantice que las pensiones por incapacidad generadas en otros países de la Unión Europea tengan los mismos efectos que las generadas en España.

El texto de la Proposición también recoge que la Agencia Tributaria pongan en marcha una campaña informativa para dar a conocer este Ley.

En la exposición de motivos, Podemos recuerda que durante el proceso de regularización de las pensiones de los retornados “se detectaron grandes disfunciones que han afectado gravemente a este colectivo” porque no se homologaron las incapacidades reconocidas en los países extranjeros, no se informó debidamente del proceso de regularización, se remitieron cartas a muchos retornados que no tenían que cotizar por esas pensiones debido a los convenios bilaterales entre España y otros países y el plazo de regularización fue “manifiestamente insuficiente”. A todo esto, explican, hay que sumar la falta de información de las autoridades tributarias que, unido a la avanzada edad de este colectivo y su desconocimiento de la legislación española por residir mucho tiempo en el extranjero, hizo que muchos contribuyentes no se beneficiasen de la exención de sanciones y recargos que preveía la Ley.