El Pleno aprueba la propuesta de la Comisión de Derechos Civiles de crear un directorio de correos electrónicos

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ratificó la propuesta de la Comisión de Derechos Civiles para crear un directorio de correos electrónicos que permita una comunicación más fluida con la colectividad residente en el exterior.

Esta propuesta, que fue retirada del anterior Pleno para reformularla teniendo en cuenta la legislación actual en cuanto a la protección de datos, recoge que este directorio sólo se utilizaría “para las comunicaciones oficiales tanto de la oficina consular como de los órganos de representación de los españoles en el exterior”, explicó el presidente de la Comisión, Ángel Capellán.

En el campo tecnológico también se aprobó una propuesta para hacer visibles las web, redes sociales y blogs de la colectividad y por eso propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que “aloje en su servidor, sin ningún gasto adicional y con plenas garantías de seguridad, una plantilla y/o perfil para acoger las web de los consejeros generales y de los CRE”. “Igualmente –continúa la propuesta– se considera importante que se incluyan los vínculos pertinentes a los blogs y a las páginas de facebook ya existentes”.

El Pleno también decidió aplazar hasta la próxima reunión plenaria la propuesta de “exoneración, por reciprocidad, de multas a los ciudadanos españoles que por exceso de permanencia son multados en algunos países de Hispanoamérica”.

Consulados

El Pleno rechazó la respuesta del Ministerio de Exteriores sobre la apertura de nuevos consulados de Venezuela y Cuba, “ya que hemos constatado que la situación existente sobre el refuerzo de personal para la atención de las oficinas de los Consulados Honorarios es totalmente contraria a lo informado por dicho Ministerio”. Además, la propuesta recoge como “una prioridad” la apertura de, al menos, un nuevo consulado en Venezuela.

Restablecimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Sin ningún voto en contra y con 11 abstenciones, en su mayoría correspondientes a los representantes de la administración, el Pleno del CGCEE aprobó su propuesta para el restablecimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

En la propuesta elaborada por la Comisión de Derechos Civiles se rechazaban las explicaciones dada por el Ministerio asegurando que si el argumento de la austeridad y eficacia en la acción del Gobierno “fuese cierto”, “todos los ministerios tendrían que proceder de la misma manera y suprimir todas las Secretarías de Estado”.

Este órgano consultivo recuerda que ellos “son los representantes legítimos de más de dos millones de ciudadanos españoles en el exterior” y que “seguimos creyendo que nuestros intereses serán mucho mejor defendidos por una Secretaría de Estado que por una Secretaría General”.

Nacionalidad

Durante su intervención, Capellán explicó los motivos por los que la Comisión de Derechos Civiles considera que España debe tener una Ley de Nacionalidad y anunció que Luis Lamiel, que participó en esta Comisión en calidad de experto, va a llevar a cabo un estudio comparativo sobre la Ley de Nacionalidad en diferentes países. Ángel Capellán señaló que casi todos los países avanzados tienen una Ley de Nacionalidad y que ésta servirá de nexo entre la Constitución y las diferentes aplicaciones y regulaciones prácticas.

Además, el presidente de la Comisión de Derechos Civiles recordó que tanto el Parlamento español como anteriores plenos del Consejo dejaron constancia de la necesidad de una Ley de Nacionalidad.

Capellán reconoció que la aprobación de una Ley de Nacionalidad es un proyecto a largo plazo y por eso la Comisión sometió a la votación del Pleno una propuesta de reforma de algunos puntos del Código Civil.

En concreto, el Pleno propone que puedan optar a la nacionalidad los nacidos de madre española antes de la entrada en vigor de la Constitución, los hijos de quien haya obtenido la nacionalidad por la Ley de la Memoria Histórica, los hijos mayores de edad de aquellos que hayan recuperado la nacionalidad española, los nacidos de padre o madre originariamente españoles y los nietos de las abuelas que no transmitieron la nacionalidad. Además, se pide que no se les obligue a renunciar a la nacionalidad anterior.

El documento también pide que se retire el artículo del Código Civil que obliga a que los hijos de españoles tengan que expresar su voluntad de seguir teniendo nacionalidad española al cumplir los 18 años.

Asimismo, se insta a suprimir la residencia legal en España como un requisito para recuperar la nacionalidad española para aquellos que la hayan tenido alguna vez y para los cónyuges de españoles.