El Parlamento Europeo expresa su “preocupación” al Gobierno español por el voto ‘rogado’

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo envió el pasado lunes una carta al Gobierno y otra al Congreso para transmitir su “preocupación” por el sistema del voto ‘rogado’ y animarle a mejorar el procedimiento de voto desde el exterior para que no se vean mermados los derechos de los españoles residentes en el extranjero. Esta petición se suma al informe emitido recientemente por la Junta Electoral Central para tratar de encontrar posibles soluciones a esos problemas surgidos en torno al voto por correo de los residentes en el exterior.

El pasado mes de noviembre, la vicepresidenta de esta Comisión, Rosa Estaràs, del PP, anunció que iba a enviar esta petición después de escuchar a dos ciudadanos españoles Gabriel de la Cruz y María de las Nieves Sanz, quienes presentaron sendas peticiones sobre sus dificultades a la hora de ejercer su derecho a voto en las elecciones generales de 2011 así como en los comicios europeos de 2014.

Estaràs, que aseguró que la petición se mantendrá abierta a la espera de la respuesta del Gobierno español, explicó en ese momento que la carta también se elevaría a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión Europea.

Durante su participación en la Comisión de Peticiones, Gabriel de la Cruz explicó que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) hace “casi imposible ejercer el derecho al voto” ya que los plazos de recepción de papeletas no se cumplen, lo que ha llevado a que la participación de los españoles residentes en el extranjero pase del 32% al 4,95%.

De la Cruz, también hizo hincapié en que esta ley se introdujo para evitar el fraude en América Latina y agregó que las autoridades españolas no tienen unas listas adecuadas, por lo que éstas “deben corregir sus registros de votantes”.

Por su parte, María de las Nieves Sanz, quien manifestó no tener claro si su petición se encontraba entre las competencias de la UE, pidió la protección del derecho a voto de los españoles residentes en otros países miembros de la Unión.

Los peticionarios consideran que la obligación de inscribirse, los plazos poco razonables para ello y la necesidad de correr con los gastos del envío por correo  discriminan a los expatriados, y que además, a pesar de que se haya seguido el procedimiento, la documentación no se recibe a tiempo para votar o nunca llega.

La representante del ejecutivo comunitario indicó que para la Comisión es fundamental que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, pero puso de manifiesto la falta de poder del órgano para intervenir en las elecciones nacionales, aunque sí en las locales y las europeas.

La organización de las elecciones nacionales no incide en el ámbito de aplicación de la legislación de la UE y las distintas modalidades se regulan, por lo tanto, exclusivamente en virtud de la legislación nacional de cada Estado miembro, incluidas las modalidades que atañen a los ciudadanos residentes en el extranjero, recordó Estaràs, quien explicó que respecto a los comicios europeos, siempre que se garantice la Ley de 1976 establecida por el Parlamento Europeo, los diferentes Estados miembros tienen libertad para organizar las elecciones, aunque también puso de manifiesto que cuando se apruebe la nueva ley electoral europea el proceso podría verse facilitado.

La eurodiputada Beatriz Becerra, que tras darse de baja de UPyD continúa su actividad política como independiente en el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE), mostró su respaldo a los peticionarios porque “votar en el extranjero es una carrera de obstáculos que tras superarla no garantiza que el voto sea válido”.

Ángela Vallina, de Izquierda Unida, también explicitó su apoyo a la petición y destacó la necesidad de garantizar el “ejercicio efectivo del derecho a voto de los españoles” residentes en otros países de la UE.

Por su parte, la socialista Soledad Cabezón justificó que la reforma que introdujo el voto rogado tenía la intención de garantizar el derecho al voto mediante la actualización de los censos y no la de impedir el derecho al sufragio.