EL PORTAVOZ POPULAR DEFENDIÓ LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO DE RAJOY

La oposición apoya a Podemos para que se mejore la situación de los españoles presos en el exterior

| 09 Junio 2017 - 15:04 h.

Los grupos de la oposición respaldaron la proposición no de ley presentada el pasado día 1 de junio en la Comisión de Interior por el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para mejorar la situación de los presos españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras, sobre todo en Latinoamérica. Sólo el PP votó en contra de una propuesta en la que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador García, matizó parte del planteamiento de los grupos que votaron a favor.

El representante de la coalición, Eduardo Santos Itoiz, comenzó exponiendo la situación de algunos españoles encarcelados bajo un sistema penal que, según aseguró, difiere del “estándar europeo” en lo que a la “protección de derechos humanos” se refiere, y, amparándose en un informe reciente del Defensor del Pueblo, pidió el apoyo del Gobierno, a través de los consulados, para mejorar sus condiciones.

Santos Itoiz informó de que en la actualidad se contabilizan 1.328 españoles presos en el extranjero, de los cuales, el 70% se debe al tráfico de drogas, y enmarcó el problema en un contexto de “crisis económica en España” que ha favorecido el reclutamiento de personas en situación de extrema necesidad por parte de mafias relacionadas con el tráfico de drogas. Sin culpar de ello a la sociedad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea apostó por la necesidad de aplicar, “con la mayor brevedad posible”, medidas preventivas “en las escuelas, en los institutos y en las colas de paro” que disuadan a las potenciales ‘víctimas’ de caer en las garras de estos grupos, que las utilizarán para pasar droga de unos países a otros –lo que se conoce como ‘muleros’–, lo que les abocarán a “situaciones bastante más lamentables que las que tenían en el punto de partida”, aseguró.

“Pedimos expresamente que se incluyan en el Plan Nacional sobre Drogas medidas de prevención en relación con este reclutamiento que las asociaciones y la gente que trabaja en estos ámbitos están detectando”, dijo el diputado de la coalición, quien también denunció los problemas económicos que existen en los consulados, por lo que a veces no pueden ofrecer la ayuda necesaria a los presos.

Sobre esta cuestión incidió la diputada socialista Zaida Cantera de Castro, quien habló de “la escasez de medios personales, materiales y técnicos de las oficinas consulares, consejerías de trabajo y asuntos sociales y demás dependencias de la administraciones españolas en el exterior para prestar la debida asistencia, protección y asesoramiento” a los ciudadanos españoles presos en el extranjero.

Cantera de Castro informó de que, del total de españoles encarcelados en centros penitenciarios el exterior, el 60% lo están en Latinoamérica. Además, aseguró que cuatro de cada cinco cumplen condena en instituciones carcelarias de alguno de estos países por asuntos relacionados con el tráfico de drogas y que un 80% carecían de antecedentes penales.

La diputada socialista recordó que en un buen número de esos centros, “el alto grado de hacinamiento, las inadecuadas infraestructuras carcelarias, la falta de asistencia sanitaria, la ausencia de condiciones mínimas de higiene y las carencias en materia de alimentación, provocan la proliferación de enfermedades, fallecimientos, violencia, peligrosidad, promiscuidad, ausencia de clasificación y de acceso a programas de tratamiento penitenciario” y que “la dureza de la vida carcelaria descrita viene agravada para los ciudadanos españoles por las dificultades de acceso a la tutela judicial efectiva, por la discriminación por el color de la piel, por su condición de extranjeros, por las demoras en la tramitación de los expedientes de traslado a España y por la falta de asistencia sanitaria y asistencia jurídica gratuita”. A ello añadió la reducción de “medios materiales y humanos ” que tienen asignadas las oficinas diplomáticas españolas “para la ayuda destinada a la asistencia jurídica, médica y farmacológica”.

En este contexto, el grupo socialista presentó una enmienda de adición basada principalmente en que se tenga en cuenta “el convenio para el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos españoles presos en el extranjero” y en que “se incremente el número de países con los que España tiene un convenio que permita la repatriación de los condenados para el cumplimiento de las condenas en su país”.

Por el Grupo Mixto, Feliu Guillames i Ràfols, se refirió a la dureza con que, frente a lo homologado en las democracias occidentales, algunos países de fuera del entorno europeo castigan el tráfico de drogas –“con cadena perpetua e incluso con pena de muerte”, argulló–, por lo que, a su entender, “el Estado tiene cierta obligación hacia ellos”. Es por esto que, “aunque hayan cometido un delito, sin duda, grave”, puedan cumplir una pena con cierta “correlación” con la que les sería impuesta si lo hubiesen cometido en territorio español.

El representante de Ciudadanos, Luis Salvador García, que respaldó la proposición no de ley, se posicionó, no obstante, en contra de dar “una imagen buenista” de la situación, ya que, a su entender, y sin querer parecer insensibles hacia los casos que se puedan dar de ciudadanos españoles en el extranjero que hayan incurrido en delitos que en España son considerados de otra manera, “cuando alguien comete un delito y lo comete en un país donde hay una legislación distinta –igual que cuando hablamos de derecho laboral, hay una legislación que sabes que te van a aplicar y no puedes exigir que se aplique la de tu país–, hay que poner las cosas un poco en su sitio”, argumentó.

Por eso, “es importante conocer el tipo de delito cometido, la gravedad que reviste y, a partir de ahí, intentar en los organismos internacionales “que los sistemas penitenciarios en el resto del planeta se parezcan lo más posible a los niveles occidentales y defenderlos en esos espacios”, matizó.

 

El PP defiende su “trabajo eficaz”

En contra de todos estos planteamientos se posicionó el diputado Avelino de Barrionuevo Gener, quien justificó el voto en contra del Partido Popular a la proposición no de ley, asegurando que, desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, en el año 2011, ha ido disminuyendo el número de españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras, al pasar de las 2.460 de 2012 a las 1.216 registradas en abril de este año. Ello es fruto, dijo, del “trabajo eficaz” de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de las campañas de sensibilización llevadas a cabo a través de programas de televisión “que muestran la realidad de las duras condiciones que existen en las cárceles fuera de nuestro país”, así como del peligro que para sus vidas tiene el hecho de que algunos actúen de “mulas humanas”, ingiriendo “bellotas de cocaína que se pueden romper y producir la muerte”.

Otro de los factores que han disminuido el número de presos españoles en el extranjero, según De Barrionuevo es el incremento de los traslados de presos para cumplir las penas en España. El portavoz popular informó, además, que el Ministerio convoca anualmente subvenciones para instituciones asistenciales que prestan ayuda a los ciudadanos españoles en el extranjero, entre las que citó Movimiento por la Paz y Fundación +34, y subrayó que este año la cuantía se eleva a 500.000 euros.

Respecto a la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de los consulados de los países que alberguen mayor número de presos, “pocos países de la Unión Europea tienen una red consular tan amplia como tiene España, sobre todo en Iberoamérica, donde esa diferencia es aún mayor y donde, como hemos dicho antes, están la mayoría de los presos, Perú, Bolivia y Venezuela”, dijo. Además, añadió, “el Gobierno de España ha llegado a acuerdos con estos países con el fin de reagrupar a presos cerca de las delegaciones consulares, y de esta forma facilitar la asistencia y la comunicación con sus familiares”.

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