“No tiene sentido que 35 años después haya causas judiciales y menos tras pronunciarse el Supremo”

La juez argentina María Servini de Cubría comenzó la pasada semana a tomar declaración por videoconferencia desde Buenos Aires a los denunciantes, en el marco de la causa que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, en aplicación de la Jurisdicción Universal.
Casi en simultáneo, en España se podría aprobar en los próximos días una reforma del poder judicial que acota la aplicación de esta jurisdicción en la península, algo que no tendrá incidencia en la causa argentina, pero que marca una comprensión y un posicionamiento diferente en ambos países.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento y diputado, Alfredo Prada Presa, en comunicación telefónica, explicó la posición del Partido Popular de España (PP) en ambos casos.
Pregunta. Esta semana, la juez argentina María Servini de Cubría, que lleva adelante la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista, comenzó a tomar declaración por videoconferencia a los denunciantes ¿Cuál es su opinión al respecto?
Respuesta. No es una opinión personal la que se pueda tener sobre este tema. En España ha habido un pronunciamiento del Tribunal Supremo diciendo que en el país hubo una ley de amnistía que afectó a todos los involucrados;  una reconciliación en lo político y por parte de las personas y una ley de amnistía que afectó a todos: a los que estaban en la cárcel que salieron en libertad y a los que hubieran cometido algún tipo de delito también.
Creo que es una etapa que España da por zanjada. Nuestro país lo que quiere es mirar al futuro, en lugar de estar mirando por el espejo retrovisor. España lo que ha hecho es una ley de víctimas que beneficia a todas las personas que hayan sido víctimas de cualquier barbarie, ya sea que provenga de la época franquista o del terrorismo, porque se les reconoce que tienen derecho a resarcirse.
En ese sentido, creo que España cumple con nuestras personas: ha hecho una ley de memoria histórica, una ley de resarcimiento de víctimas y una ley de amnistía. No tiene sentido que 35 años después haya causas judiciales, y menos luego de un pronunciamiento del Tribunal Supremo español.
P. ¿Cuál es el alcance de la Reforma de la ley orgánica del poder judicial que se está tramitando en lo que se refiere a la aplicación del principio de Justicia Universal y cuáles son los plazos y los pasos a dar para su aprobación?
R. La semana que viene aprobaremos en el pleno de la Cámara de diputados la reforma. Al respecto, tengo que señalar que es una reforma amplia y en positivo. Por ejemplo, cuando una mujer española es víctima de violencia de género fuera del territorio español, la justicia de nuestro país hoy no podría actuar, pero una vez aprobada la reforma sí podrá hacerlo. Reitero, creo que es una buena reforma que acota los aspectos que tiene que tener de la justicia universal para ser más operativa, eficaz y sobre todo posible. No es importante tener un texto sino que ese texto se pueda hacer efectivo y la realidad es que, salvo un caso, la justicia universal española nunca ha podido tener una ejecución de sentencia. Nunca salvo en el caso de un militar argentino que se presentó voluntariamente a cumplir sentencia.
P. ¿Por qué se ha elegido tramitar esta reforma por una vía urgente?
R. No es infrecuente que se elija esta vía urgente. Yo creo que es un tema que provoca una sensibilidad en muchas personas e instituciones y creo que España tenía que acotar los términos en los que tiene que funcionar y operar la Justicia universal en España.
P. ¿El reclamo del gobierno chino, tras la orden de detención del expresidente Jiang Zemin emitida por la justicia española,  incidió en la decisión de acotar la Jurisdicción Universal en el país?
R. Si la repercusión no hubiera sido mediática, la aplicación de la Jurisdicción Universal hubiera sido cero, nula. En esa línea no tiene sentido que España ocupe posiciones que le corresponden a otros órganos como puede ser la Corte Penal Internacional.
Para el arco político opositor, la reforma del poder judicial responde a un criterio que prioriza los intereses comerciales por sobre los derechos humanos.
No, yo creo que ese es un discurso vacío de contenido porque acá no están primando los intereses comerciales, sino que se le está dando al país un ordenamiento jurídico que le corresponde, sin ocupar terreno o solapar la competencia de tribunales federales.