Marea Granate defiende que los jóvenes españoles emigran más que lo que dicen los datos del INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó a comienzos de semana que los jóvenes españoles que emigran siguen siendo más que los que retornan. Entre los nacidos en España, 23.000 jóvenes se fueron a lo largo de 2017 mientras que ‘solo’ 10.000 volvieron. Unas cifras que, sin embargo, quedan lejos de la realidad según asegura Marea Granate, que afirma que “la magnitud de la ola migratoria es mucho mayor que la estimada por las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística español”.

El colectivo transnacional, apartidista y feminista formado por emigrantes del Estado español y simpatizantes (así se define) basa su postura en el número de nuevas inscripciones entre los registros consulares (PERE) y los registros locales.

Por ejemplo, revela que las nuevas inscripciones en Inglaterra según cifras locales, triplicaron las cifras arrojadas por el INE, mientras que en Irlanda son 8 veces mayores y, en el caso de Alemania, algo más del doble.

El objetivo de Marea Granate es luchar contra “las causas y quienes han provocado la crisis económica y social que nos obliga a emigrar”. En ese sentido, el colectivo considera que la disminución en los saldos migratorios del INE se utiliza “para alentar el discurso de la recuperación económica y del retorno de la emigración”.

A su juicio, la emigración española sigue siendo importante y crónica, alentada por un marco laboral de precariedad y desempleo. “Muchas personas seguimos emigrando y creando familias en el exterior, pero estos datos no quedan reflejados en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística”, afirma en un comunicado.

Marea Granate justifica que la principal motivación de los emigrados para inscribirse en los consulados es poder ejercer el derecho al voto desde el exterior. En el lado contrario, el colectivo señala que uno de los motivos por los que se suele declinar el registro en muchos casos son la frecuente lejanía de los consulados, las pocas facilidades burocráticas y la pérdida de derechos asociada al registro consular (sanidad o vivienda).