La Ley de Acción Exterior pasa al Senado sin sumar apoyos más allá de la abstención del PSOE

La Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, proyecto ‘estrella’ del ministro José Manuel García-Margallo, seguirá su tramitación parlamentaria en el Senado sin sumar apoyos entre los grupos de la oposición, más allá de la abstención del PSOE.

A pesar de que el Grupo Popular alcanzó in extremis un pacto con CiU y PNV para modificar algunos artículos que los nacionalistas consideran claves, el acuerdo quedó en agua de borrajas cuando los ‘populares’ quisieron introducir a la enmienda pactada nuevos párrafos no acordados previamente con estos grupos.

El acuerdo consistía en limitar a los presidentes y consejeros autonómicos la obligación de que informen de sus viajes al extranjero al Ministerio de Asuntos Exteriores. La nueva redacción no prosperó porque el PP quería introducir un párrafo sobre la creación de un “registro público” sobre estos viajes, algo que el diputado de CiU Jordi Xuclà ha considerado una muestra de “desconfianza” propia de un “régimen no democrático”.

Al no prosperar la enmienda transaccional, el polémico artículo 5.2 se queda como está, por lo que esa obligación de informar a Exteriores se extiende al resto de altos cargos del Gobierno autonómico y a los miembros de sus Parlamentos. A juicio de Xuclà esta iniciativa es un “despropósito” pues supondría que casi 1.300 representantes de asambleas legislativas estarían obligados a comunicar sus desplazamientos.

Tanto el PNV como CiU han avanzado que no cejarán en su empeño de intentar modificar este artículo y otros en su trámite en el Senado. El diputado del PNV Aitor Esteban ha lamentado en particular que los ‘populares’ no hayan sido sensibles a las enmiendas de su grupo para especificar que el único límite a la acción exterior de las Comunidades Autónomas (CC AA) es la política exterior, que dirige en exclusiva el Gobierno.

Enmiendas socialistas

Así las cosas, el Grupo Popular tan solo ha conseguido pactar algunas enmiendas con los socialistas, lo que ha permitido que estos modificaran su sentido del voto al proyecto de ley en su redacción actual de un no inicial a la abstención. Esto ha sido posible porque los ‘populares’ han accedido a incluir en la ley, a iniciativa del PSOE, un capítulo específico sobre Derechos Humanos, el regreso a la celebración de un debate anual en el Parlamento de seguimiento sobre la política de cooperación, el compromiso de realizar un informe sobre las condiciones del personal laboral en el exterior y de invitar a las CC AA al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, un órgano asesor al presidente del Gobierno, en aquellos asuntos que les afecten.

También ha salido adelante una enmienda del PNV para que los Planes Directores de la Cooperación Española incluyan los “recursos presupuestarios indicativos” con los que contará esa política. La enmienda también aclara que estos Planes Directores, así como la Ley de Cooperación, tan solo contemplan la acción de la Administración General del Estado, no la de las Comunidades Autónomas.

Los grupos de la oposición han coincidido en quejarse de la caótica tramitación de la ley y la dificultad de llegar a acuerdos con el Grupo Popular, a pesar de la buena disposición al pacto que los diputados del PSOE, CiU y PNV le han reconocido al jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, con el que se llegaron a reunir personalmente en varias ocasiones.

Algunos diputados de la oposición han achacado esa dificultad en los pactos al propio debate interno que el proyecto de ley ha suscitado entre los diferentes departamentos ministeriales, a los que ya costó en su día acordar el texto del anteproyecto de ley.

En representación de UpyD, la diputada Irene Lozano se ha quejado de que el Gobierno haya mostrado más interés en pactar con los nacionalistas de CiU y PNV, a los que, por separado, han votado menos ciudadanos que a su formación.

Por parte del PSOE, el diputado Alex Sáez ha advertido de que la negociación de una ley de Estado tan importante como ésta requiere una tramitación “sosegada”. Sin embargo, la voluntad de este Ejecutivo de hacer una tramitación “exprés” de las leyes a veces dificulta la negociación sosegada, ha criticado.

En representación del PP, el diputado José María Beneyto ha defendido que en la tramitación de este proyecto de ley ha quedado “demostrada” la “voluntad de este Gobierno de consensuar una ley de Estado como ésta”.