La Comisión de Derechos Civiles y Participación pide la “eliminación total del voto rogado”

La Comisión de Derechos Civiles y Participación acordó elevar al próximo Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) una propuesta para que se vuelva al sistema de voto exterior que imperaba en España antes de la aprobación de la reforma de la Loreg. La medida tiene como finalidad acabar con la baja participación electoral de los españoles residentes en el extranjero tras la imposición del ‘voto rogado’, así como devolver al colectivo los derechos de los que venía disfrutando hasta la fecha. Así lo aseguró a Crónicas de la Emigración el vicepresidente de la Comisión, Ángel Capellán, quien tuvo que actuar como presidente en la reunión, debido a la indisposición del titular, Rafael Castillo.

Modificar el procedimiento del voto exterior y restablecer el voto de los emigrantes en las elecciones municipales fueron, junto con los problemas derivados de la nacionalidad, los asuntos que centraron buena parte de la reunión, en la que se adoptaron diversos acuerdos para ser debatidos en el Pleno del CGCEE, a celebrar los días 17 y 18 de junio en Madrid.

“Proponemos que debe haber una eliminación total y completa del voto rogado”, dijo Capellán, para quien conseguir dicha propuesta es “muy importante”, ya que “cualquier persona que no lo acepte, tiene poco sentido de lo que piensan los residentes en el exterior”, añadió. “El voto rogado no funciona”, apostilló, y es por ello que la Comisión propone que se elimine y que se considere el envío de papeletas del voto con instrucciones a todos los electores, sin necesidad de pedirlo, mediante “métodos eficaces”, haciendo uso de las nuevas tecnologías e incluso de compañías privadas que distribuyen el correo “con igual seguridad” que lo hace “el correo oficial”, asegura.

Otra de las propuestas adoptadas consiste en avanzar en la implantación del voto electrónico, utilizando para ello internet, y se sugirió que en los consulados, además de urnas, se instalen también ordenadores para que se pueda optar por el sufragio electrónico desde estos organismos. Respecto a las papeletas, piden que si se envían por correo, no se envíen a España, sino a los consulados, para ganar tiempo y agilizar el proceso de recuento.

La Comisión de Derechos Civiles y Participación considera que lo que se ha hecho hasta ahora en los consulados no se puede considerar ‘voto en urna’ y es por eso que proponen que las urnas que se instalen en la red consular a tal efecto sean como las que se establecen en España, “con testigos presenciales” y con las “garantías suficientes” para evitar posibles fraudes.

El vicepresidente de la Comisión considera que, en lo que se refiere al voto exterior, hablar de fraude electoral no tiene sentido, ya que “nunca ha habido impugnación alguna o imputación de fraude en el exterior”, y menos, que eso haya quedado “demostrado”. “Si los partidos creen que ha habido fraude, que traten de demostrarlo”, porque “en España se han dado casos de imputaciones, pero eso no ha ocurrido nunca en el exterior”, aclara Capellán, quien, no obstante, se muestra partidario de que se ofrezcan “garantías” y que se trate de buscar la “seguridad del voto”. Para ello proponen que en el sobre con la papeleta se incluya también fotocopia del pasaporte, DNI o certificado del consulado que acredite la legitimidad del voto.

Voto en las municipales

Conscientes de que “es casi imposible eliminar cualquier duda” al respecto, los miembros de la Comisión se oponen a que se use el argumento que se viene utilizando para poner trabas al voto emigrante. También en el acuerdo adoptado en la reforma de la Loreg para que los residentes en el exterior estén exentos de participar en las elecciones municipales.

“Es incomprensible e injusto que se prive de participar en las elecciones municipales” a los emigrantes, denuncia Capellán. “El concepto de vecino incluye a los que son propios de un pueblo, aunque no residen en él”, aclara. Y en ese contexto, asegura: “Lo que queremos es que se nos escuche”, porque los españoles, y concretamente los gallegos, en el exterior “contribuyen a la vida de los municipios”, y “lo que no se puede hacer es pedirles que hagan inversiones en España y en Galicia, que tengan cuentas bancarias y fincas, que contribuyan con sus impuestos, pero que no tengan derecho a votar”. “Si hace falta algún cambio o modificación, que se haga, pero no que se opte por la eliminación” del derecho al voto, porque privarles a los emigrantes de ese derecho es “inconstitucional”, asegura.

El posicionamiento de los partidos políticos a este respecto también fue criticado por el vicepresidente de la Comisión, quien denunció: “Lo que vemos en sus discursos es que todos están de acuerdo en que es injusto”, lo que ocurre es que “un partido en la oposición defiende una postura que no defiende cuando está en el gobierno”. Capellán tiene claro que “el que lideró” esta apuesta en contra de los derechos de los españoles en el exterior “fue el gobierno del Partido Socialista, con el apoyo del PP en la oposición”, pero ahora “cuando hay un gobierno del PP”, éste “todavía no se pronunció de una manera absoluta” sobre el particular, cuando lo cierto es que “lo que se cambió” en la Loreg “no está funcionando”.

No obstante, los integrantes de la comisión tienen la impresión, y así lo asegura Capellán, de que, ahora, el PSOE “parece que no se opone” a la posibilidad de que voten en las municipales, mientras que en IU sí parece que están a favor de que participen.

Distritos electorales

La Comisión se reafirmó en que va siendo hora de apostar por la creación de distritos electorales en el exterior para que los emigrantes puedan tener “representación parlamentaria directa”. También se propone hacer un informe sobre las “prácticas vigentes” en otros países, como Francia, Italia, Portugal o América para saber cómo funcionan respecto al voto exterior.

Otro de los acuerdos adoptados pasa por reafirmarse en el derecho del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) a ser recibido en audiencia por el Parlamento español y no solo por los grupos parlamentarios, como viene sucediendo hasta ahora.

Ley de nacionalidad

Otro de los asuntos que centró buena parte de la reunión de la Comisión de Derechos Civiles y Participación tiene que ver con los problemas derivados de la nacionalidad. Lo que se pretende a este respecto, tal y como ya se puso de manifiesto en el pleno del CGCEE de 2005, es la elaboración de una ley de nacionalidad que “no pueda privar a los españoles” de este derecho. De lo que se trata es de que “el ciudadano español no pierda la nacionalidad al menos que renuncie a ella”, confiesa Capellán, quien asegura que llevan mucho tiempo trabajando sobre esta cuestión y que por ello tienen “mucha información e ideas”.

Capellán denuncia que muchos hijos de españoles en el exterior han perdido la nacionalidad por falta de información, y puso como ejemplo el caso de los hijos que la han perdido a los tres años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica porque no han solicitado la ‘declaración de mantenimiento’. A su entender, los consulados deberían preocuparse de que los menores de edad que pasan a mayores realicen la declaración de mantenimiento. De igual modo, el Gobierno tiene la función de informar del derecho y la obligación de realizar dicha declaración para facilitar las cosas a aquellos que puedan tener interés en mantener la nacionalidad. En muchos de estos casos, se considera que fue el desconocimiento de este requisito lo que les llevó a perder sus derechos. Por eso proponen “que el mantenimiento sea automático”.

Como punto “fundamental” a reivindicar en este apartado figura la petición de elaborar una ley de nacionalidad que exprese la “voluntad firme de solucionar el problema”.

Elecciones a los CRE

Debido a los conflictos surgidos en las elecciones a los CRE, la Comisión cree que deben ser estudiados los comicios en estos organismos, donde hubo “deficiencias y quejas”. “Hay que hacer que funcionen mejor –dijo el vicepresidente–, que la gente sepa que existen elecciones a los CRE”. Para ello, se pidió crear una subcomisión que revise las circunstancias que rodearon las convocatorias electorales y hacer una propuesta conjunta para el pleno siguiente del CGCEE.

Respecto a los consulados, piden la creación de nuevos consulados en Cuba y Venezuela, países en los que “la población española ha crecido mucho”; “los problemas son muy serios y la gente necesita apoyo“, apostilló.

Entre los acuerdos también citó la declaración en señal de homenaje a Antonio Fidalgo, consejero por Cuba, fallecido recientemente, y la expresión de las condolencias a sus familiares.