La Justicia resuelve que las elecciones catalanas serán por fin el 14 de febrero
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó el pasado viernes la celebración de los comicios autonómicos en esa comunidad autónoma para el próximo 14 de febrero. La sección quinta de la sala contencioso administrativo de este Tribunal acordó anular el decreto que suspendía las elecciones convocadas para el 14 de febrero al admitir el recurso interpuesto por diversos partidos y entidades contra la decisión del Govern de posponer la fecha al 30 de mayo próximo por los efectos de la pandemia en esta tercera ola, lo que ha quedado sin efecto tras la última decisión judicial.
El tribunal ha tomado esta decisión el mismo día que ha comenzado la campaña electoral, después de que la sección quinta de la sala contencioso administrativa se haya reunido de forma urgente para deliberar los escritos de todas las partes respecto a los recursos presentados.
La sentencia, que se notificará el próximo lunes 1, admite recurso ante la sala contencioso del Tribunal Supremo. Este recurso, en caso de interponerse, no sería suspensivo de la ejecución de la decisión adoptada.
El Tribunal suspendió cautelarmente el pasado día 19 el aplazamiento electoral acordado por la Generalitat, decisión en la que se reafirmó días más tarde para “preservar la normalidad democrática” y a favor del “interés general”.
El tribunal, que se reunió de urgencia tras recibir los escritos de todas las partes antes de lo previsto, señala que su decisión, acordada por mayoría, se dictará y notificará el próximo lunes 1 de febrero, una semana antes del límite que se había fijado para pronunciarse.
El Tribunal deja constancia, de momento, de la “buena fe procesal de las partes dado que, su agilidad en la presentación de escritos, ha permitido llegar a una resolución en la mayor brevedad de tiempo”.
Un particular y varias formaciones políticas recurrieron ante el TSJC el decreto de aplazamiento de las elecciones.
La Fiscalía Superior de Cataluña también se posicionó en contra del decreto de la Generalitat que aplazaba los comicios hasta finales de mayo por la crisis sanitaria derivada del coronavirus al considerar que “la actual situación de pandemia y de crisis sanitaria” que motivó el aplazamiento, “es la misma que preexistía en la fecha de la convocatoria inicial”.
La Fiscalía consideró, además, que la situación de aplazamiento electoral en Cataluña no es comparable a las de Galicia y País Vasco (las elecciones programadas para abril de 2020 se celebraron en junio), ya que se iban a celebrar dentro del estado de alarma impuesto por el Gobierno en marzo del pasado año y con restricción total de la movilidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya consideró en este caso que ni el estado de alarma ni las restricciones para contener el coronavirus impedían la celebración “con garantías” de los comicios.
