Francisco Granados y Marcos Martínez, detenidos en una redada anticorrupción

La macrorredada denominada ‘operación Púnica’ se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia, entre los que están el que fuera número dos de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

La trama, que afecta principalmente a las provincias de Madrid, Murcia, León y Valencia, habría firmado adjudicaciones por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según informó en un comunicado la Fiscalía.

Marcos Martínez llegó a la presidencia de la Diputación de León el pasado mes de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, asesinada tiros. Hasta el asesinato de la presidenta provincial, Martínez desempeñaba el cargo de vicepresidente primero de la Diputación de León y delegado para Educación y Apoyo a la Emigración. En el ejercicio de estas responsabilidades, el ahora presidente de la Diputación de León realizó numerosos viajes a América para estar con los leoneses residentes del exterior.

El exsecretario general del PP de Madrid y responsable durante un tiempo de las políticas de emigración de la Comunidad de Madrid, dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.

Tras esta decisión, Granados, que también fue alcalde de Valdemoro y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, estuvo durante un tiempo conservando la presidencia del PP de Valdemoro, que finalmente abandonó. Tras su salida de la política, se fue a trabajar a un banco de inversión francés.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El comunicado emitido por la Fiscalía detalla “una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas”.

La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas “por sospechas graves de blanqueo”, que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, “quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoó diligencias en junio de este año”.

En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto “la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos”.

Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por último, se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

La Guardia Civil también ha detenido en el marco de la ‘Operación Púnica’ a los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillaos del Valle y Torrejón de Velasco, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Además han sido arrestados los alcaldes de Parla y Valdemoro.

Entre los 51 detenidos también se encuentra el empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona “trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada”.

El juez investiga a un guardia civil de la localidad madrileña de Valdemoro por haber alertado al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y exalcalde de la localidad, Francisco Granados, de la existencia de una investigación contra él, informaron fuentes jurídicas.