Fátima Báñez dice que la expulsión de españoles de Bélgica “es una decisión legal aunque no nos guste”

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido que, aunque no le gusta que se estén produciendo expulsiones de españoles de Bélgica, se trata de una decisión legal, de acuerdo con la normativa europea. “Es una decisión legal aunque no nos guste”, ha subrayado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Báñez ha respondido así ante la pregunta de la diputada socialista Carmela Silva, que le ha acusado de ponerse “en huelga de brazos caídos” mientras hay españoles que están recibiendo notificaciones en Bélgica para abandonar el país.

“Es una decisión que la Comisión Europa ha avalado posteriormente con sus declaraciones y estamos apoyando, donde tenemos que estar, a los ciudadanos españoles, también en el exterior”, ha insistido, al mismo tiempo que ha precisado que Bélgica lo hace alegando que aplican la doctrina comunitaria sobre residencia libre de ciudadanos de la UE.

Silva, por su parte, ha insistido en que los españoles “son su responsabilidad”, frente a esta respuesta “cargada de insensibilidad y crueldad”, y no se marchan de Bélgica por su propia voluntad, sino porque les obligan las autoridades del lugar. “Creo que a usted les vienen bien que se vayan y se las arreglen y sepan que no los vamos a dejar solos y vamos a estar exigiendo que actúen. Si no sabe cómo váyase”, ha reclamado.

Así, Báñez ha insistido en que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, pedir explicaciones e información a través de las autoridades diplomáticas al Gobierno de Bélgica sobre la situación de los españoles en el país.

Es más, ha indicado que las autoridades belgas han privado de residencia a 2.500 ciudadanos de algunos estados miembros de la UE, aparte de los españoles también a franceses, italianos, búlgaros, holandeses, portugueses o británicos entre otros, alegando que aplican la normativa comunitaria sobre residencia y libre circulación de ciudadanos de la UE.

En este contexto, ha avisado a Carmela Silva que esta directiva fue impulsada por un excomisario socialista y portugués, Antonio Vitorino, una normativa que fue apoyada por los socialistas en el Parlamento europeo.