España llama a consultas a su embajadora en Nicaragua por un nuevo desplante del Gobierno de este país

El Gobierno español ha llamado a consultas a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, “para analizar la situación de la relación bilateral” después de que el Gobierno de este país centroamericano haya impedido “por tercera vez” la visita de un alto cargo español. María del Mar Fernández-Palacios deberá así viajar urgentemente a España para informar al ministro de Exteriores, Josep Borrell, de la situación en Nicaragua y recibir nuevas instrucciones.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador nicaragüense en España, Carlos Midence, para trasladarle el “malestar” del Gobierno español, ha informado el departamento que dirige Borrell por medio de un comunicado.

El desencuentro diplomático tiene lugar unos días después de que el Gobierno de Daniel Ortega rechazara la visita que el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, tenía previsto realizar a Managua para mantener contacto con esas autoridades y con distintos actores sociales y políticos en el marco de la actual crisis.

Preocupación por el recrudecimiento de la represión

“La visita se planteó, en todo momento, con un enfoque constructivo y con la voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis”, subraya la nota de Exteriores, preocupado por el recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales contra familiares de manifestantes presos que reclaman su libertad.

Además, el país está viviendo episodios violentos y asedios tanto a la Iglesia de San Miguel, en la ciudad de Masaya, como a la Catedral Metropolitana de Managua, detalla el comunicado.

Para Exteriores, la decisión del Gobierno de “rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, dificulta la mutua interlocución”, entre dos países que habían “mantenido históricamente unas buenas relaciones”.

Por ello, el Ministerio ha reiterado su llamamiento a que “cesen los actos represivos contra la población nicaragüense, se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa” y se “recupere la negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”.