El Consejo rechaza la reforma del Reglamento presentada por la Comisión Permanente

La creación de una Comisión Económica, la posibilidad de que el Pleno apruebe el Orden del Día y la composición de las comisiones delegadas fueron los puntos más controvertidos del proyecto de reforma del Reglamento del propio Consejo General presentado por la Comisión Permanente y que finalmente se decidió aparcar hasta el próximo pleno en el que se presentará, además de un nuevo texto, una propuesta para modificar el Real Decreto por el que se rige el Reglamento.

En la presentación del texto de la Comisión Permanente, Rafael Castillo ya advertía que muchas de las propuestas enviadas por los consejeros no habían podido ser incluidas porque entraban en confrontación con el Real Decreto por el que ha de regirse el Reglamento.

El debate comenzó el lunes por la tarde, primer día de trabajo del Pleno, y, tras un intenso intercambio de opiniones, decidieron aplazarlo hasta el segundo día y dar tiempo a todos los consejeros para que hicieran propuestas al texto.

Finalmente, los consejeros presentaron un total de diez propuestas de cambio pero, ante la falta de acuerdo y que muchas de ellas entraban en confrontación con el Real Decreto, se decidió devolver el texto a la Comisión Permanente que analizará las propuestas de los consejeros y elaborará un nuevo texto. Asimismo, la Permanente hará una propuesta para cambiar el Real Decreto.

La supresión de la necesidad de que el Consejo apruebe el Orden del Día fue objeto de un intenso debate entre los consejeros y la administración. Este conflicto abrió el Consejo, ya que la representante por Suiza Miriam Herrero quería que se incluyese en el Orden del Día el debate sobre el cambio de las instrucciones de la Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE), y la consejera por UGT, Ana Corral, quería que se suprimiese el turno específico de intervención de las Comunidades Autónomas.

El secretario del Consejo, Aurelio Miras Portugal, y la presidenta en funciones, Marina del Corral, aseguraban que no era posible cambiar el Orden del Día porque no estaban todos los consejeros presentes y que, llegado el caso, podrían impugnarlo.

Muchos de los consejeros apuntaron que el nuevo Reglamento suprimía el derecho del Consejo a la aprobación del orden del día, algo a lo que la mayoría se mostró contrario. Miras Portugal aseguró que la “legalidad estricta dice que no se puede introducir ninguna modificación salvo que estén todos los consejeros”. Además, leyó el informe de la abogacía del Estado en el que se indicaba que se debía suprimir del Reglamento el punto donde se le da potestad al Consejo para rechazar el orden del día propuesto.

Finalmente, Miras Portugal y Marina del Corral accedieron a cambiar el orden del día y dentro de las propuestas de las comisiones se incluyó el debate sobre las ALCE y la comparecencia de la subdirectora general de promoción exterior educativa, Ángeles Muñoz.

Un total de seis propuestas –alguna apoyada por varios consejeros– recogen la necesidad de que el Consejo pueda decidir sobre el orden del día. Las fórmulas son variadas y van desde introducir el carácter de urgencia de la propuesta o suprimir el requisito de que todos los consejeros estén presentes.

Comisión Económica

La creación de una Comisión Económica para, según recoge el borrador, canalizar “las iniciativas de empresarios individuales y de asociaciones de empresarios ante las administraciones públicas” también creó controversia en el Consejo. Una de las defensoras de esta propuesta fue Pilar Ayra, consejera por Chile, quien matizó que esta comisión estaría encaminada a ayudar a las pymes, profesionales y trabajadores del exterior.

Algunos de los consejeros mostraron su desacuerdo con la creación de esta Comisión porque entendían que los derechos de los trabajadores y profesionales ya se tratan en la Comisión Sociolaboral y como tal quedó reflejada en la propuesta de modificación hecha por María J. Vázquez, de Canadá.

Composición de las comisiones

Respecto al cambio en la composición de las comisiones –un tema que Rafael Castillo ya previó polémico en la presentación– también se discrepó sobre el texto propuesto por la Comisión Permanente que recoge que el número de miembros de las comisiones será entre 10 y 13 y que los miembros sólo podrán pertenecer a una comisión. En la propuesta del consejero por Alemania Antonio Fernández Rivera se recoge la posibilidad de que los consejeros puedan pertenecer a dos comisiones, “cuando la segunda no alcance el número mínimo exigido” y sitúa entre 10 y 12 el número de consejeros de cada comisión.