Consejeros del exterior piden que se aborde la polémica de la cobertura sanitaria en la Comisión de Derechos Civiles

Una disposición adicional sobre las prestaciones sanitarias en España, incluida en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, ha abierto una nueva brecha entre los residentes en el exterior y el Gobierno. El pasado 1 de enero entró en vigor el texto en el que se recoge que serán beneficiarios de dichas prestaciones aquellas personas que tienen su residencia habitual en España, aunque hayan vivido en el extranjero, siempre que estas estancias “no superen los 90 días a lo largo de un año natural”.

La disposición sexagésimo quinta incluida en la Ley parece sujeta a diversas interpretaciones y lo que para el Gobierno no es más que una medida destinada a defender “los intereses de los españoles”, evitando que los extranjeros que se han ido de España por un periodo superior a los 90 días se puedan beneficiar del sistema sanitario español, el colectivo emigrante lo interpreta como una disposición que perjudica a los españoles que, en estos tiempos de crisis, abandonan su país de origen para buscar trabajo en el extranjero. En este sentido, ponen como ejemplo los casos de jóvenes españoles que buscan empleo en Italia tras haber realizado estudios de máster y a los que ya les ha caducado la tarjeta europea que le dieron en España. Si carecen de trabajo legalmente contratado, estos ciudadanos no tienen garantizados los cuidados sanitarios si no pagan un seguro en la sanidad italiana, denuncian.

En este contexto, los representantes de la colectividad proponen que se aborde este asunto como “un tema urgente” en la Comisión de Derechos Civiles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y que los sindicatos representados en dicho organismo informen al respecto.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer), Eva Forcubierta, asegura que desde la Federación se espera que el Gobierno dé marcha atrás a esta medida, ya que “no han tenido en cuenta las consecuencias negativas que esto puede tener sobre personas que, no por espíritu aventurero, sino por buscar trabajo al que no pueden acceder en su país, se ven obligados a salir en busca de nuevas oportunidades”.

Por su parte, la diputada y secretaria de Emigración del PSOE, Carmela Silva, ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas parlamentarias con las que pide al Gobierno que retire “de manera inmediata” su decisión de limitar la asistencia sanitaria a aquellos españoles que permanezcan en el extranjero durante más de 90 días en un año natural y se encuentren en situación de desempleo.

Los socialistas también han pedido la comparecencia de forma extraordinaria de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para explicar los pormenores de esta medida, que, “aplicada literalmente, afectará a todos los españoles que salgan a buscar empleo y al volver a España no tendrán este derecho”, según el portavoz de Sanidad del PSOE, Pepe Olmos, quien entiende que igual sucederá con los 40.000 estudiantes que disfrutan de una beca Erasmus.

A juicio de Olmos, “el Gobierno se ha aprovechado de la tramitación de los Presupuestos para generar un nuevo recorte de forma que aquellas personas que no residan en España durante 90 días perderán su derecho de asistencia sanitaria”.

El PP niega que afecte a los españoles

El PP ha respondido a estas acusaciones negando que la aplicación de la ley excluya de cobertura sanitaria a los emigrantes, por lo que no ve necesario que comparezca en el Congreso la ministra Ana Mato, tal y como reclaman los socialistas.

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado del PP, Mario Mingo, asegura que lo que se pretende con esta medida es defender “los intereses de los españoles”, ya que “no tenemos por qué pagar la sanidad de los extranjeros que se han ido de España”, añade. Según el diputado, “los ciudadanos saben que tienen garantizada la asistencia sanitaria por derecho, o incluso cuando están de vacaciones. Cuando encuentran trabajo en el extranjero tienen sanidad por los convenios europeos y la tarjeta sanitaria no la pierden al volver”, concluye.

Rechazo en Asturias y Andalucía

En Asturias, la Consejería de Sanidad se ha comprometido a mantener la atención sanitaria a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero, como ya se ha hecho con otros colectivos vulnerables que se han quedado sin cobertura sanitaria, como es el caso de los inmigrantes en situación irregular.

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, considera que esta decisión del Gobierno del Partido Popular “confirma lo que ha hemos venido diciendo en relación al cambio de modelo de servicio público que ha introducido el Gobierno de Rajoy al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha criticado el “segundo castigo” que supone la decisión del Ejecutivo central de excluir de la cobertura sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud a las personas en situación de desempleo que permanezcan más de tres meses fuera de España. Vázquez ha subrayado que “la insensibilidad del Gobierno llega a unos límites insoportables”, al tiempo que ha defendido que “ése no es el camino para construir país”. Andalucía también se desmarca así de la decisión del Gobierno central de excluir a este colectivo de la cobertura sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud.

Galicia dice que no quedará ningún gallego sin atención

Mientras, en Galicia, el secretario xeral de Sanidade, Antonio Fernández, considera que la medida adoptada por el Gobierno está dirigida a evitar abusos por parte de ciudadanos extranjeros que obtuvieron la tarjeta sanitaria mientras trabajaban en España y que ahora se han marchado fuera y se siguen beneficiando de esta cobertura.

Estos ciudadanos, aclara, “son atendidos en sus países, pero con la tarjeta española, de manera que se le facturan los gastos a España”, aclara. Hasta la fecha, los extranjeros podían beneficiarse indefinidamente de la tarjeta sanitaria española, mientras que a partir de ese plazo se considera que debe recibir la atención sanitaria en el país al que se haya desplazado.

“Un gallego que emigre y empiece a trabajar en otro país ya tendrá la cobertura sanitaria que le corresponde al cotizar en ese estado. Y si regresan a España, podrán solicitar de nuevo la tarjeta sanitaria”, aclara el responsable de la Xunta.