La Comisión de Educación ve con preocupación la diferencia de criterio con el Ministerio respecto a las ALCE

La diferencia de criterio entre el Ministerio de Educación y la comunidad educativa en el exterior respecto al problema de las ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Española) preocupa a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), y así lo hacen constar en la resolución elaborada tras la reunión que celebraron los pasados días 20 y 21 de abril en Madrid y a la que asistió el jefe del Área de Promoción Exterior Educativa, Cristóbal Gutiérrez.

Mientras en Madrid consideran que las nuevas instrucciones introducidas en los programas para impartir las clases en las Aulas de Lengua y Cultura Española “están muy bien”, los afectados lo consideran “un fracaso” y aseguran que “mantienen los errores” del pasado, según la presidenta de la Comisión y consejera general por Suiza, Miriam Herrero, quien, además, denuncia que el Ministerio no cumple con “la obligación legal” de “informar y consultar” con el Consejo los cambios introducidos.

“Dicen que son instrucciones y que no tienen obligación de consultar”, y “no se reconoce que el programa sigue siendo un fracaso”, recalca Herrero, quien añade: “Hay denuncias de padres, sindicatos, los CRE, Consejo…, y no hacen caso”.

La consejera general por Suiza aclara que los afectados se enteraron “por terceros” de las nuevas instrucciones, y que el Ministerio, lejos de reconocer “ningún error en las clases semipresenciales, las amplía a los cursos superiores”.

Herrero vuelve a insistir en los problemas que tienen algunos alumnos para seguir hora y media de clase semipresencial por internet, que se derivan, entre otros, de la falta de soporte (“no todos los niños tienen ordenador”, comenta), problemas técnicos (a determinadas zonas de montaña no llega internet) y, en algunos casos, de la incapacidad de los padres para ayudar a sus hijos a través de este soporte, por falta de conocimientos al respecto. De ahí que califique el sistema de “discriminatorio”.

“El Ministerio dice que si hay casos así, se buscará solución”, pero “nos da a entender que no queremos entrar en el mundo moderno”, se queja, y apostilla: “Nosotros lo que creemos es que está mal hecho”.

En este sentido, reconoce que, además de las dificultades que origina el sistema, se han detectado errores en el programa de tipo gramatical, sintácticos y técnicos, y denuncia que se les da a niños de nivel A1 (de entre 7 y 8 años) un texto para leer con una extensión de un folio y medio. “En Suiza, con 7 años, los niños no saben leer ni escribir”, por lo que el programa “no está adaptado a su nivel”, corrobora.

Otro de los asuntos que se abordaron en la reunión de abril hace alusión al problema al que se enfrentan las parejas jóvenes con hijos que han emigrado a Europa y que tienen en mente regresar a España en un tiempo prudencial. Lo que piden a este respecto en la resolución es que estas clases les sirvan para que, una vez que retornen, no presenten un déficit en el idioma y se puedan integrar perfectamente en el sistema educativo español. Pero, “con este sistema es imposible”, se lamenta.

Respecto al problema surgido a raíz de la decisión de suprimir la onda corta analógica de Radio Exterior, denunciada en el último pleno del CGCEE celebrado el pasado septiembre, Herrero reconoce que, tras la reunión en febrero con el técnico Javier Lamana Palacios, se está mostrando “sensibilidad” sobre el particular. Según asegura, Lamana presentó “un informe detallado sobre la situación en cada uno de los lugares” a los que afectan las restricciones y se comprometió a trabajar para que nadie se quedara sin Radio Exterior.

“Sacamos buena impresión de esta comparecencia”, dijo Miriam Herrero, porque “se ha visto la evolución” que ha seguido el problema y “se ha conseguido que no se quite la onda corta”, apostilló.

Por último, la reunión de la Comisión Delegada abordó la propuesta surgida desde la República Dominicana para que el Ministerio impulse convenios con entidades privadas de crédito para abrir nuevos colegios españoles en el exterior. Al respecto, Herrero reconoció que, pese a abordar el asunto y mostrarse receptivos al respecto, las comisiones delegadas carecen de competencias para instar a que se impulsen estas medidas. “Nosotros no podemos hacer mucho más que pedir que el Ministerio implemente medidas”, concluyó.

La Comisión Delegada de Educación y Cultura cuenta con un total de diez representantes, de los cuales, ocho asistieron a la reunión de los pasados días 20 y 21 de abril en la capital. Además de Miriam Herrero, presidenta de la Comisión, también estuvieron presentes Eduardo Dizy, presidente del CGCEE y consejero por México; Juan Rodríguez Cobos, consejero por Australia; Jorge Ramírez, por Guatemala; Ana Lourdes de Heriz, por Italia; José María Oliver, por Francia; María del Carmen Matellán, por Irlanda, y Ana Fernández Asperilla, por el sindicato CC OO.

Las resoluciones acordadas tras la reunión serán elevadas al próximo pleno del CGCEE para ser sometidas a debate y aprobación por parte de los consejeros.