El Colectivo Emigrante Aragonés pide implicación al Gobierno autonómico en la defensa de la supresión del voto rogado

El Colectivo Emigrante Aragonés (CEA) celebró este lunes en Buenos Aires su segunda asamblea anual en que debatió sobre las acciones a poner en marcha para reivindicar los derechos de la ciudadanía exterior de Aragón ante las administraciones públicas españolas.

Los aragoneses del exterior reiteraron, por unanimidad, su absoluto rechazo al “voto rogado” y pidieron al Gobierno de España que lo derogue, ya que lesiona claramente el derecho de sufragio de la ciudadanía aragonesa y de los españoles residente en el extranjero. Asimismo, instaron al Gobierno autonómico para que se implique en este asunto y defienda el derecho al voto de la diáspora aragonesa ante las autoridades del Gobierno central en Madrid.

El CEA también reiteró su exhortación al actual Gobierno de Aragón a elaborar, sin más demora, el postergado censo de la ciudadanía exterior aragonesa para estrechar los vínculos entre la diáspora aragonesa y los poderes públicos de Aragón. En este sentido, insistió en la imperiosa necesidad de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Primera de la Ley autonómica de Relaciones con las comunidades en el exterior.

En lo relativo al derecho al retorno, el CEA manifestó por unanimidad la necesidad de impulsar políticas públicas, desde todas las administraciones implicadas, para facilitar el retorno de aragoneses de origen como así también de sus familiares directos. En este asunto, el CEA expresó que sigue sin ponerse en marcha una oficina autonómica de promoción y asesoramiento para los aragoneses con intenciones de retornar y para las personas ya retornadas que precisan asistencia para su integración social y laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Finalmente, el CEA manifestó su total apoyo a todas las organizaciones, colectivos e instituciones españolas y de descendientes de españoles en el exterior que bregan por una reforma de la normativa relativa al acceso a la nacionalidad con un criterio de justicia y que pasa por conceder la nacionalidad española a todos los hijos y a todos los nietos de españoles de origen sin excepciones ni discriminaciones de ninguna índole.