Carmela Silva registra preguntas parlamentarias sobre los residentes en el exterior y retornados

Carmela Silva registra preguntas parlamentarias sobre los residentes en el exterior y retornados

“Las nuevas medidas injustas que el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a tomar en relación a la ciudadanía española en el exterior y los retornados han motivado que, una vez más, la parlamentaria socialista Carmela Silva presente en el Congreso una serie de preguntas, calificadas el martes, que pongan de manifiesto y aclaren las intenciones nocivas que el ejecutivo de Mariano Rajoy tiene respecto a los derechos de nuestros ciudadanos en el exterior”, explica el PSOE en un comunicado.

“Recientemente hemos conocido –dice el comunicado– cómo la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda que, con el señor Montoro como titular, últimamente comete tantos errores, ha solicitado a españoles retornados unas declaraciones de IRPF complementarias desde el año 2008. Cuando la situación económica actual está produciendo mayores desigualdades, el Gobierno del Partido Popular ha decidido agravar aún más esta situación para los emigrantes retornados exigiéndoles a través de requerimientos escritos, el abono de multas y sanciones por no declarar las pensiones que, fruto de su trabajo y esfuerzo, reciben de países extranjeros”.

Según afirma el PSOE, “estos emigrantes retornados no declaraban las pensiones porque, según les indicaban en las delegaciones de la Agencia Tributaria, no estaban obligados a hacerlo, por lo que reclamarles ahora esas cantidades es del todo injusto para un colectivo que no es el primer recorte en sus ingresos que sufre desde que el Partido Popular llegara al Gobierno de nuestro país”.

Por ello, y comenzando por los afectados en Pontevedra, las diputadas socialistas Carmela Silva y Laura Seara han preguntado al Gobierno cuántos casos de este tipo podrían plantearse en la provincia gallega para, posteriormente, poder trabajar con cifras encima de la mesa. Ésta es la primera medida que el PSOE toma en este sentido, aunque se están preparando otras iniciativas para que el Gobierno retire unos requerimientos “del todo antisociales”.

Defensa de la educación para la ciudadanía exterior

“Que la educación pública de calidad no es ninguna prioridad para el Gobierno del Partido Popular, sino más bien todo lo contrario, es algo que ha ido quedando reflejado en todas y cada una de sus decisiones desde que comenzó la presente legislatura –dicen los socialistas en su comunicado–. Esto, sumado al menosprecio continuado que el Ejecutivo muestra hacia la ciudadanía española en el exterior, ha desembocado en la publicación de unas instrucciones por parte de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación están destinadas irremediablemente a acabar con un modelo educativo brillante como es el de las ALCE”.

Por ello, y como también ha pedido ya el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, se ha presentado una pregunta escrita al Gobierno instándole a retirar dichas instrucciones “tan restrictivas e injustas que no han sido siquiera consultadas con los agentes implicados” (profesores, padres de alumnos, CRE, CGCEE, sindicatos, etc.)

En esta misma línea de defensa del derecho a la educación de aquellos que salen del país, Silva ha recogido las solicitudes de la comisión delegada de Educación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, solicitando la creación y mantenimiento actualizado de una web que sirva como herramienta informativa real de las oportunidades educativas que ofrece España y aquellos países donde residan nuestros ciudadanos, además de elaborar guías más específicas de estos países que deberían estar disponibles en las administraciones españolas radicadas en ellos. Igualmente, se ha instado al Gobierno a que, de manera activa, promueva la firma de convenios que faciliten la formación y homologación de títulos para los ciudadanos residentes en el exterior.

Se registró además una nueva pregunta en relación a la reconversión del edificio de la antigua guardería española en Lausana en la Casa de España de la región Suiza. El PSOE recuerda que “el CRE de Ginebra hizo llegar a la Administración española un informe arquitectónico elaborado en torno a esta reconversión, al que el Gobierno ni siquiera ha dado contestación alguna, que planteaba la posibilidad de realizar unos cambios estructurales en el edificio de 6 plantas, que podría albergar desde locales para las asociaciones de españoles de la región, hasta biblioteca y salas de estudio, así como las oficinas y dependencias necesarias para trasladar la estructura de la administración española en la ciudad a este edificio propiedad del Estado español; garantizando la viabilidad económica del proyecto a través de la creación de viviendas en régimen de alquiler ubicadas en la antigua parcela de la guardería”.