Avanza en Argentina la reclamación contra la pesificación de jubilaciones y pensiones extranjeras
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, presentó ante las nuevas autoridades del Banco Central Argentino un pedido para que haga extensiva a todos los damnificados la aplicación de las resoluciones de la justicia sobre la pesificación obligatoria de las jubilaciones y pensiones extranjeras.
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, presentó ante las nuevas autoridades del Banco Central Argentino un pedido para que haga extensiva a todos los damnificados la aplicación de las resoluciones de la justicia sobre la pesificación obligatoria de las jubilaciones y pensiones extranjeras.
La pesificación establecida por el Gobierno en julio del año pasado, entre otras cosas, impide a los jubilados extranjeros que cobran una pensión enviada por su país de nacimiento recibirla en moneda extranjera. Es decir, como no se pueden comprar divisas para atesorar, la pensiones que llega en euros, dólares o cualquier otra moneda, obligatoriamente se pesifican, al valor del mercado oficial, cuando ingresan al sistema local.
“En Argentina –explicó el defensor del pueblo de la Tercera Edad– al estar desdoblado el mercado cambiario, se produce una merma en el poder adquisitivo del pago de entre el 50%, el 60% y a veces hasta del 70%, dependiendo de la brecha que hubiera en el mercado en cada momento”.
Frente a esta determinación, que afecta a unos 90.000 jubilados y pensionados, desde la Defensoría se realizó un reclamo colectivo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central y se presentó, ante los fueros contenciosos administrativos federales, una serie de amparos.
En este momento, y tras un año y medio de litigio en la justicia, varios juzgados en el país han declarado la razón de los amparistas a percibir sus ingresos en la moneda de origen o en su equivalente, cuya venta debe hacer de forma directa el propio Banco Central.
En razón de esto, la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires solicitó formalmente al Banco Central que se hagan extensivos los efectos de los fallos ya emitidos (muchos de ellos ya son firmes) a todos los jubilados que se encuentren en la misma situación y ahora se aguarda, para los próximos días, una respuesta por parte de la entidad bancaria, según informó el funcionario.
Por otra parte, Semino remarcó que los beneficios que están en juego “son relativamente poco significativos, entre 300 y 350 dólares o euros como máximo”. “Sin embargo, –avanzó– lo que se ha producido es un daño irreparable en términos de la seguridad que tiene que tener todo jubilado o pensionado que ha depositado en su moneda de origen”. “Ha sido una medida absurda y grotesca –valoró– que no ha implicado ningún beneficio para la economía argentina y sí un daño muy significativo para gente que en muchos casos son sobrevivientes de la guerra, que son personas muy mayores que se vieron sorprendidas en términos de su vida cotidiana”.
