Avanza en Argentina la causa contra los crímenes cometidos por el franquismo

En el marco de la causa que investiga aquellos crímenes considerados de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura franquista, la juez argentina María Servini de Cubría comenzó a tomar declaración desde Buenos Aires por videoconferencia a los denunciantes que para ello acudieron a la sede de la Embajada de Argentina en Madrid. La magistrada, que desde el año 2010 tiene a su cargo la querella de colectivos españoles por crímenes de la dictadura franquista, actúa bajo el principio de Justicia Universal, que entiende que hay crímenes especialmente graves, considerados de lesa humanidad, que no prescriben y para los cuales se convoca la jurisdicción internacional para investigarlos, juzgarlos y, eventualmente, condenarlos.

Héctor Trajtemberg, quien forma parte de la querella que impulsan organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos encabezados por la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, apuntó que la causa se conformó a partir de querellas particulares de familiares y víctimas del franquismo, por crímenes ocurridos durante el período 1936- 1977.
El primer escollo con el que se encontraron cuando la causa entró en la Justicia Federal, detalló, fue el tema de la jurisdicción por tratarse de crímenes cometidos en España, por españoles contra españoles, hace 70 años.
Sin embargo, ahondó, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia internacional, hay crímenes especialmente graves como genocidio, torturas, persecuciones, etc., que ofenden no a una persona, ni a una nación, ni a una colectividad, sino a la humanidad toda, ante los que se habilita la “jurisdicción universal” que permite y convoca a los tribunales de cualquier país juzgarlos.
Al respecto, Trajtemberg –que integra el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre– recordó que el primer antecedente en este sentido está relacionado con la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983, por parte de la Justicia Española.
Las investigaciones en la Argentina durante muchos años estuvieron cerradas por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los decretos de indulto; pero “cuando todos los caminos estaban cerrados para hacer justicia en el país, se abrió la posibilidad de hacerla en España, a través de los procesos celebrados en Madrid, encabezados por el juez Garzón”.
Cuando se logró la nulidad de las leyes de indulto, después de 30 años, por impulso de organismos de derechos humanos de Argentina, España cedió la jurisdicción y las causas continuaron desarrollándose en Argentina.
En esta línea, Trajtemberg puntualizó que la jurisdicción universal, por importante que sea, siempre es subsidiaria y tiende a que los juicios se realicen en aquellos países en los que han sido cometidos los crímenes, porque allí están las pruebas, los acusados, los testigos, etc. “Solamente cuando un país no quiere o no puede juzgarlos –avanzó– se abre la jurisdicción universal que puede ser exclusiva o concurrente”.
En este caso, sostuvo Trajtemberg, ni gobierno, ni la justicia española “están colaborando en nada” con la justicia argentina por lo que la jurisdicción universal, hasta el momento, es excluyente.
Argentina, señaló el abogado, es el único país en el que se ha abierto la jurisdicción internacional; “y fue acá –continuó– porque tenemos una colectividad española muy importante y combativa, porque tenemos organismo de derechos humanos con mucha experiencia en casos de terrorismo de estado y porque España fue pionera en juzgar los crímenes cometidos por la dictadura argentina, cuando acá no se podía hacer. Por eso la doctrina que encabeza la demanda es: ‘Ayer por nosotros, hoy por vosotros”.
En esta querella, se demanda a los autores –algunos conocidos, otros a investigar– que ejercieron la represión de maneras muy diversas durante el período 1936-1977.
En esta dirección, explicó que se investigan fundamentalmente crímenes de guerra como fusilamiento de prisioneros, torturas sistemáticas y masivas y persecuciones políticas, pero también el robo de bebés y niños y casos de trabajo forzado, reducción a servidumbre y esclavitud.
El proceso avanza y como consecuencia de las pruebas aportadas por la querella, la jueza entendió que había razones suficientes como para imputar a cinco personas para las que libró órdenes de requerimiento y de captura internacional con el pedido de extradición. Órdenes que hasta el momento la Justicia española no ha hecho efectivas como tales sino como forma de restricción de libertad.
La toma de declaraciones por parte de la jueza argentina, matizó Trajtemberg, representa un gran avance porque se trata de “la primera vez, en decenas de años, que las víctimas se pueden sentar frente a un juez y decir que fue lo que les pasó”. “Eso solo –continuó– ya es reparador, pero sería muy importante poder llegar a la  extradición de los acusados, al juicio y al castigo de los culpables”.