LA CONSEJERA DE CC OO REALIZó UN INFORME SOBRE LA REUNIóN CELEBRADA A PRINCIPIOS DE MAYO

Ana Fernández Asperilla repasa los asuntos abordados en la Comisión Sociolaboral del Consejo General

La consejera general de Comisiones Obreras (CC OO) en la Comisión Sociolaboral del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Ana Fernández Asperilla, hizo un repaso de los asuntos abordados en la reunión de los pasados días 5 y 6 de mayo.

Ana Fernández Asperilla repasa los asuntos abordados en la Comisión Sociolaboral del Consejo General
Dos CC OO.Asperilla
Ana Fernández Asperilla.

La consejera general de Comisiones Obreras (CC OO) en la Comisión Sociolaboral del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Ana Fernández Asperilla, hizo un repaso de los asuntos abordados en la reunión de los pasados días 5 y 6 de mayo, que se centraron en la asistencia sanitaria a los emigrantes en España; en los convenios entre la administración y las empresas privadas para dar cobertura sanitaria en los países de acogida a emigrantes españoles necesitados o sin otra cobertura a cargo del país de acogida y ‘niños de la guerra’, y los presupuestos generales del Estado para 2014, sus consecuencias sobre los trabajadores y las expulsiones de trabajadores de Bélgica. Así mismo, se ocuparon de analizar la situación de los retornados españoles requeridos por la Agencia Tributaria por no haber declarado la percepción de las pensiones del extranjero, generadas por los periodos de trabajo fuera de España y de la salida de trabajadores españoles a la emigración en busca de un empleo.

La reunión también dedicó un tiempo a comentar el 50º aniversario del Hogar Español de Ancianos de Montevideo.

La asistencia sanitaria a los emigrantes españoles es un tema que la Comisión Sociolaboral consideró que ha de clarificarse y simplificarse, recoge Asperilla en su informe, debido a la confusión que, a su entender, “genera la actuación de diversos niveles de la administración y de diversos organismos oficiales que se reparten las competencias en la materia”.

En este sentido, comenta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el encargado del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, mientras que la prestación del mismo corresponde a las comunidades autónomas. 

A ello, dice, “se añaden una casuística variada de experiencias personales, lo que suma confusión a la cuestión”. Y hace referencia a la denuncia de Eduardo Pahíno, consejero por la República Dominicana, quien habló en la Comisión, y también para ‘Crónicas de la Emigración’, de la falta de seguridad jurídica de los emigrantes, sobre todo de los que residen en países con los que España no tiene firmado un convenio de bilateralidad en materia de sanidad.

Así mismo, se aludió a la experiencia de emigrantes de Argentina atendidos en España que luego han recibido en sus domicilios en Argentina facturas muy elevadas, lo que da lugar a reclamaciones por parte del Consulado español para no tener que ingresar dichas facturas.

También se puso de manifiesto cómo la atención en Extremadura no había presentado para el consejero de Costa Rica ningún problema.

De manera general, continúa Asperilla, la administración aclaró que en el caso de trabajadores emigrantes por cuenta ajena o pensionistas que puedan demostrar que carecen de otra cobertura no debe existir ningún problema siempre que vengan con la correspondiente documentación, tramitada por la Consejería de Trabajo. Con dicha documentación, en los consultorios de la Seguridad Social, deben reconocérseles el derecho de manera inmediata.

No obstante, los miembros de la Comisión plantearon ejemplos de cómo los funcionarios de los consultorios les denegaban la asistencia sanitaria diciendo que no sabían nada al respecto.

Respecto a los convenios entre la administración y empresas privadas en los países de acogida, Asperilla informa de que se plantearon los convenios que España ha suscrito con entidades que se encargan de dar cobertura sanitaria a las personas mayores –españoles– que carecen de asistencia y a los ‘niños de la guerra’, entre ellos los que residen en Argentina, donde su número es elevado.

“El protocolo seguido por la administración –según informó la subdirectora– para la firma de esos convenios venía precedido por la petición de un informe a la Consejería de Trabajo sobre la calidad del servicio prestado y el grado de satisfacción de los usuarios”, aclara Asperilla, quien también informa de que, durante la reunión, se planteó el caso de México. La Administración indicó al respecto que carecía de información, aunque en términos generales se indicó la tendencia de las compañías al encarecimiento del seguro y al recorte de las prestaciones. 

La consejera por México describió, según Asperilla, que la cobertura era muy reducida y explicó el caso de un ‘niño de la guerra’ –una persona mayor–, al que le han diagnosticado un cáncer en estado terminal. El seguro dijo en primera instancia que no podía hacerle una endoscopia, lo que se llevó a cabo seis meses después, cuando la enfermedad ya se había agravado.

Coberturas sanitarias muy elementales

Los integrantes de la Comisión concluyeron a este respecto, según Asperilla, “que las coberturas son muy elementales y una mínima atención especializada de pruebas diagnósticas no se cubre, así como tampoco la hospitalización”. Se añadió a ello la negativa de las compañías privadas para cubrir a personas muy mayores.

Por ello, se pidió que se revisara este convenio y que se comprobara si ésta era una situación generalizada.

La presidenta de la comisión, María Teresa Michelón, puntualizó que la norma es que la cartera de servicios sea equivalente a la del servicio nacional de salud del país de acogida.

Así mismo, el presidente del CGCEE, Eduardo Dizy, concretó la necesidad de mantener un contacto estrecho con las consejerías de Trabajo para estar vigilantes sobre las características del convenio y su grado de cumplimiento en cuanto a los servicios prestados.

Por su parte, el consejero de Costa Rica apuntó que el cambio de gobierno en ese país supone la llegada de un Ejecutivo con mayor sensibilidad social. Al respecto, preguntó sobre la predisposición del Gobierno español para que plantee que se impulse la firma del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que permitiría la totalización de periodos de cotización.

La respuesta del director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, fue positiva, asegura Asperilla, al afirmar que España es el único país del mundo que paga pensiones a los españoles que están fuera y ratifica el interés de España por atender a su gente.  

En el apartado de Presupuestos Generales, de las disposiciones para 2014 “se deriva la pérdida de la asistencia sanitaria al cabo de tres meses, si el trabajador permanece fuera de España por una estancia superior a ese tiempo a lo largo de un año”, sostiene Asperilla, para quien “esto tiene consecuencias para los que emigran y para sus familias. Afecta a los emigrados y a cualquier otra persona que salga de España”. 

A este respecto, se evidencia la “chapuza” de la norma, ya que en el caso de “un desempleado que cobra una prestación por desempleo y tiene un cónyuge como beneficiario, este último se ve perjudicado por el hecho de que el titular pierda, al cabo de tres meses, la condición de asegurado”, apunta, y añade: “En este caso se pierden las prestaciones por desempleo, que se recuperan al volver a España, pero se pierde también la asistencia sanitaria”.

La respuesta del Ministerio, según Asperilla, es que la recuperación del derecho a la asistencia sanitaria es inmediata, pero “esto no está establecido así en ningún sitio”, matiza la representante de CC OO. “Tampoco queda claro que los beneficiarios del titular mantengan, mientras éste se encuentra fuera de España, el derecho a la asistencia sanitaria pues su derecho depende del asegurado”, añade. En este sentido, “la Unión Europea ha avisado a España de que permanecer fuera del país por tres meses no puede considerarse como un cambio de residencia, informa.

La representante de CC OO en la Comisión recoge en su informe que el consejero de Bélgica describe la situación de muchos trabajadores que llegan de España sin ningún tipo de cobertura social y se inscriben en los centros públicos de la seguridad social para recibir una prestación permanente, lo que pone a la seguridad social belga en una situación de fragilidad. “España traslada así el problema, que no resuelve en nuestro país, a Bélgica, mientras que lo que debería hacerse es buscar una solución en España y no endosarle el problema a otro país, que en este caso es Bélgica”, comenta Asperilla, quien pregunta: “¿Quién se hace cargo de la asistencia sanitaria al cabo de tres meses?”.

El problema de los retornados

Otro problema es el de los emigrantes retornados con familias no comunitarias que “si no alcanzan ciertos recursos económicos no tienen derecho a la tarjeta de residencia y, por tanto, no pueden acceder a la atención sanitaria”.

La administración no ha respondido a esta cuestión, informa, “dejando a los cónyuges de españoles no comunitarios en una situación de irregularidad”.

Respecto a los problemas de los retornados a los que Hacienda les exige el pago de multas por no declarar las pensiones que reciben del exterior, la Comisión reitera la obligación de todos los españoles de cumplir sus obligaciones fiscales, pero encuentra desproporcionado y discriminatorio el trato que se da a los retornados con la imposición de multas. “Recientemente se ha otorgado una amnistía fiscal para quienes evadieron capitales del país, de manera consciente y con la voluntad de no pagar impuestos en España. Se les ha permitido, a quienes así actuaron, regularizar su situación en unas condiciones fiscales ventajosas. Hacienda no ha procedido de manera punitiva, como ocurre con los retornados”, denuncia Asperilla, para quien “el agravio comparativo es evidente, pues se penalizan las rentas del trabajo –las pensiones de los retornados– y se premia a las rentas del capital, con una amnistía fiscal”.

“Los retornados no tuvieron afán de defraudar y trajeron su riqueza al país, los segundos sacaron, de manera premeditada, la riqueza del país y contribuyeron, por el contrario, a su empobrecimiento”, aclara.

También apunta que “un informe sobre reforma fiscal de un grupo de expertos sugiere un trato privilegiado para las pensiones de los residentes extranjeros –turistas– que se instalen en España, lo que de nuevo supondría un agravio comparativo con las pensiones de los retornados”.     

Sobre este asunto, reconoce que la Administración española argumenta la obligación de cumplir con las obligaciones tributarias, aunque éstas se desconozcan o haya existido una mala información, sin embargo, la administración no ha aplicado de oficio a los emigrantes el prorrateo de la paga SOVI, tal y como fue reconocido, para los emigrados que tienen derecho a esta pensión. El cumplimiento de la ley ha de exigirse a los ciudadanos pero también  a la administración.  

Respecto a la salida de trabajadores españoles a la emigración en busca de un empleo, la administración explicó las mejoras que se están haciendo de la Red Eures y del denominado ‘Punto de Encuentro’. También se habló del programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones, del que se esperan buenos resultados.

Los consejeros evidencian la llegada de españoles cualificados. “En México se iban como turistas, encontraban empleo, luego accedían a la condición de inmigrado y más tarde a la de residente. Ahora las cosas han cambiado. Lo que preocupa es la gente que se desplaza al extranjero sin empleo, pues incluso en la Unión Europea ha habido problemas con las condiciones de trabajo”, recoge Asperilla en su informe.

Mientras, en Europa se dibuja cada vez un espacio más restringido para los que sólo tienen su trabajo. “El problema fundamental es que ocurre con los que salen a buscar empleo fuera de España y, al cabo de los tres meses, no lo consiguen”, dice, y pregunta: “¿Quién se hace cargo de su  asistencia sanitaria?”.

Por eso, se planteó la posibilidad de dar la vuelta a los mecanismos que han regulado la inmigración que llegaba a España, pero ahora en sentido contrario.

Por último, sobre el 50º aniversario del Hogar Español de Ancianos de Montevideo,  que acoge en la actualidad a 200 ancianos españoles, dice que “es la institución que más dinero recibe de la administración española”. Aurelio Miras destacó, según Asperilla, que la asistencia sanitaria en Uruguay mejora, pero en cambio no existe respuesta a las necesidades de los hogares de ancianos porque hay una tradición en Uruguay según la cual son las familias las encargadas de los cuidados.