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Miércoles, 23 de mayo de 2012 22:14

El PP lamenta que los emigrantes vayan a pagar la mala gestión económica de Zapatero con una drástica caída del gasto social en el exterior

06 de octubre de 2010

El Grupo Parlamentario Popular lamenta que los emigrantes vayan a padecer las consecuencias de la mala gestión económica de Zapatero, ya que los Presupuestos Generales del 2011 recogen una reducción muy importante de las pensiones para los emigrantes de casi 15 millones (de 116 en 2010 a 101 millones el próximo ejercicio). Y eso a pesar de que la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, la gallega Pilar Pin, en el pasado Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, celebrado en Madrid en junio de este año, se comprometió a que ninguna de las partidas presupuestarias para pensiones o asistencia sanitaria se verían afectadas por recortes.

La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior (DGCEE) pasa de tener un presupuesto de 135, 5 millones de euros, a 116, 2, lo que significa un 14,2% menos que el año anterior.

La diputada gallega Belén do Campo destaca que todas las pensiones para emigrantes se reducen en relación al presente ejercicio y subraya, entre otras, una caída del 12% en las prestaciones por razón de necesidad, que quedarán dotadas con 88 millones de euros. Se trata de las denominadas anteriormente pensiones asistenciales, que se otorgan a mayores de 65 años en situación de necesidad y a personas con incapacidad absoluta, que son unos 1.000, además de para asistencia sanitaria. Los beneficiarios de estas pensiones mayores de 65 años son 50.000, sin que en este año se haya aumentado el número de nuevos perceptores. De hecho, en este dato basa el Gobierno su justificación, ya que lo cierto es que en 2010 la cantidad destinada a este fin superó los 100 millones, por lo que en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 hay una disminución superior al 12%.

El PP subraya que las ayudas para emigrantes retornados, sus familias y entidades son las que soportan un mayor recorte. Pasan de 7,9 millones de euros en 2010 a 4,5, lo que significa 3,4 millones de euros menos, es decir, una reducción del 43%.

Do Campo destaca también la caída del 12% en las prestaciones económicas a los ciudadanos de origen español desplazados en el extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil, que aparecen con únicamente 8,8 millones. Hasta el momento hay 2.500 personas que tienen reconocido este derecho.

La diputada popular pidió al Ejecutivo socialista que deje de engañar a los emigrantes, ya que, según recordó, el pasado mes de enero, la entonces secretaria de Estado de Emigración, Consuelo Rumí, y Pilar Pin, la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, afirmaron en declaraciones a la prensa que en el año 2010 las prestaciones económicas por ancianidad aumentarían entre un 5% y un 22% y que “la política social para los españoles en el exterior estaba blindada”, cuando lo cierto es que la propia Dirección General de la Ciudadanía en el Exterior ha reconocido una disminución del número de beneficiarios atendidos de 51.991 en el año 2007 a 38.820 en el tercer trimestre de 2010, lo que supone una disminución del 25,44% en la cifra de españoles beneficiarios de prestación económica por ancianidad.

Finalmente, los populares hacen hincapié en que los centros e instituciones de carácter asociativo, cultural o educativo padecerán también una drástica disminución de ingresos del 26% respecto al ejercicio actual y critican, sobre todo, que se haya eliminado la partida de transferencias corrientes a las CC.AA., que el pasado ya se había reducido, ya que, en muchos casos, como el de Galicia, éstas están asumiendo importantes servicios de apoyo a la emigración que se verán obligadas a recortar por la falta de dinero del Estado.