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Miércoles, 23 de mayo de 2012 22:06

LA DECLARACIÓN FUE PRESENTADA POR LOS CONSEJEROS GENERALES POR FRANCIA

El Pleno del CGCEE aprobó una declaración sobre la Loreg y el SOVI

Redacción, Madrid

21 de junio de 2010

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que tuvo lugar los pasados días 7 y 8 en Madrid, aprobó una declaración presentada por los consejeros generales por Francia –Amadeo Calzada, Luis Iglesias y Laureano Román– sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y la pensión del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), temas que, como figura en la propia declaración, llevan años siendo tratados en los distintos plenos del Consejo General.

Esta Declaración del Pleno recoge que el 6 de agosto de 2009, Pilar Pin, directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, hizo unas declaraciones a ‘Crónicas de la Emigración’ en las que manifestaba que “cada uno es prisionero de sus palabras” y, en referencia a los españoles residentes en el extranjero, que “ellos reclaman unos derechos que les corresponden, pero también hay unas obligaciones y las obligaciones son asumir las leyes del Estado Español”. Manifestaciones con las que el Pleno se muestra de acuerdo si bien hace una revisión de ellas desde una perspectiva más actual.
Así, indica que hace unas semanas el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, que también preside la Subcomisión que ha tratado el derecho de voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior efectuó una visita a la colonia española en Toulouse y en su discurso se dirigió a ellos como “españoles desterrados que habéis luchado durante 40 años contra la dictadura para recuperar las libertades en España así como los derechos inalienables reconocidos universalmente en toda democracia, deben ser reconocidos”, reconocimiento que le agradeció su auditorio, aunque consideró que llegaba tarde.
El contraste que se presenta en la Declaración es que “este mismo Alfonso Guerra, en calidad de presidente de la Subcomisión Parlamentaria que ha tratado el problema de la Loreg, nos presenta un texto reductor de derechos para esa emigración que no hace mucho alababa”.

La aplicación de lo legislado para el SOVI
Recuerda asimismo que Consuelo Rumí, ex secretaria de Estado de Emigración, “después de varios enfrentamientos con los consejeros en los Plenos, tratando de solucionar el problema de la pensión SOVI, llegó a concluir con la presentación de una proposición a finales del año 2009, manifestando que este problema sería resuelto definitivamente, pues el Gobierno había decidido presentar en el Parlamento una proposición que se incluyera en el Presupuesto General del Estado para el año 2010, y que su aplicación se efectuaría en el mes de enero de este año 2010”.
Reconoce que Rumí cumplió con su palabra “y lo hemos constatado con la lectura del B.O.E. del 24 de diciembre del 2009 que pone de manifiesto cómo y cuándo había que aplicar esta Ley”.
Sin embargo, señala que la ley de los Presupuestos Generales del Estado, en lo que a este asunto se refiere, “no ha sido aplicada con las garantías y promesas que nos hiciera la entonces secretaria del Estado”. “Hoy, más que nunca, se necesita una intervención de la Dirección General, de la Secretaria de Estado para la Emigración, señora Terrón y del propio Ministro del Trabajo, señor Corbacho, para obligar a la dirección del I.N.S.S. a que se cumpla con rigor toda la ley de una forma genérica”, sostiene.

El discurso de Rodríguez Zapatero
También recuerda “el magnífico discurso” del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en su visita al Pleno del Consejo General y resalta estas palabras: “Los residentes ausentes tienen todos los derechos que tienen los ciudadanos residentes en España. España, no olvidemos, debe mucho a esa emigración que son en actualidad nuestros mejores embajadores”.
“El presidente Rodríguez Zapatero no puede poner en aplicación disposiciones reductoras de derechos para los emigrantes y con ello faltar a su palabra”, sostiene.
Opina que “el tiempo de los discursos y de las promesas incumplidas se ha terminado”. “Ahora existen textos de ley, que como indico la señora Pilar Pin, hay que asumir y aplicar por parte del Gobierno en nombre del Estado que representa”, afirma.

Exigir
Aclara que los consejeros generales no tienen una posición antigubernamental ni están en contra de los parlamentarios, ni de los partidos políticos, “ya que todo esto es el reflejo de toda institución democrática pero esto no es óbice para exigir la verdad, exigir el respeto y aplicación de la Constitución, exigir el respeto y aplicación de las leyes en ese cuadro perfectamente señalado en cuanto a la aceptación de asumir las existentes leyes ya que efectivamente todos nos encontramos sujetos y prisioneros de nuestras palabras”.
Y así, prisioneros de su palabra considera que lo están el presidente del Gobierno, el presidente de la Comisión Constitucional, el ministro de Trabajo, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y “lo estamos todos nosotros, consejeros y consejeras, y lo desarrollaremos en este pleno en la presentación de nuestros dictámenes de las Comisiones Social y de Derechos Civiles y demás”.
Y si no fuera así, dice, “nadie podrá impedir que los residentes ausentes que somos, los aquí presentes y los miles que tenemos el honor de representar, puedan pensar que todo hasta ahora no ha sido más que una tomadura de pelo y una falacia”.
Finalmente reclama del ministro, la secretaria de Estado de Emigración y la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior que intervengan ante el INSS “para que las promesas del presidente Rodríguez Zapatero se lleven a efecto”.