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Miércoles, 23 de mayo de 2012 21:30


EL PRESIDENTE DEL CGCEE, ALARMADO ANTE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL VOTO DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

Francisco Ruiz cree que los cambios que se anuncian en la Loreg son inconstitucionales

M.L.Clemente, Madrid
05 de abril de 2010

 Francisco Ruiz –a la izqda.–, durante la celebración del último pleno del Consejo General.

Francisco Ruiz –a la izqda.–, durante la celebración del último pleno del Consejo General.

El presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Francisco Ruiz, está alarmado ante las informaciones que han surgido respecto a las posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para los españoles residentes en el exterior, que considera fundamentalmente “medidas anticonstitucionales”, además de “un despropósito”, y ante las que destaca sobre todo que espera que no se hayan tomado en ningún sitio y no constituyan más allá de rumores o “globos sonda”, según afirmó la semana pasada a ‘Crónicas de la emigración’.

 

Ruiz remarca su convicción de que esas medidas –de las que informó este semanario en el número anterior– serían insconstitucionales y recuerda que el Consejo General siempre ha defendido, y él como su presidente mantiene, la plena participación de los españoles residentes en el exterior en la vida pública del país y su representación en ambas cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, en la misma proporción y condiciones que rigen para los españoles residentes en el país.
También recordó que el CGCEE encargó en su momento, cuando se consideraba la reforma del Senado y la posible representación del colectivo en el exterior en esta Cámara, dos informes a sendos constitucionalistas y no descarta la posibilidad de que encargue un tercero en esta ocasión, especialmente cuando se ha informado de que se plantea una nueva lectura de la Constitución en cuanto a la participación en las instituciones de los españoles residentes en el exterior.


Informe sobre la constitucionalidad de las medidas
Este asunto será a buen seguro protagonista de urgencia de la reunión que la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE tiene previsto celebrar en Madrid el próximo día 12, donde posiblemente se plantee la petición de ese tercer informe sobre la constitucionalidad de la representación de los españoles residentes en el exterior.
Al presidente del Consejo General no le convence en absoluto que después de más de treinta años de vigencia de la Constitución española y tras más de cuatro en vigor del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, ley que la desarrolla para este colectivo y del que resalta que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, se pueda hacer una interpretación de la Carta Magna con las restricciones que se anuncian para el colectivo que representa.


El Estatuto
En este sentido recuerda que el artículo 4.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (ECEE) dice que “los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación”.
Incluso avanza que, de continuar adelante con las medidas que se anuncian, el CGCEE consideraría todas sus posibilidades de actuación “porque nos estarían quitando toda la legitimidad”. “¿Para qué serviría entonces el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior? ¿Y los Consejos de Residentes Españoles?”, plantea.
Se resiste a decir que recurrirían al Tribunal Constitucional “porque sería muy ligero por mi parte y, además, habría que ver si podríamos hacerlo”, pero insiste en que considerarían todas las posibilidades.
Comenta que también le consta la preocupación de algunos de los miembros del Consejo General ante estas noticias.
Por otra parte, Ruiz considera que con una circunscripción parlamentaria propia de los españoles residentes en el exterior que tenga representación en ambas Cámaras “se puede hablar de muchas cosas”, como, por ejemplo, de si en ella existen o no ayuntamientos y parlamentos autonómicos”.


Sobre los senadores

Pero valora que esto es radicalmente distinto a lo que ha trascendido, una situación en la que, dice, “se nos quitarían los derechos que nos reconoce el Estatuto y a cambio se nos ofrecen quimeras como la de cuatro o cinco senadores en representación de la ciudadanía exterior”.
“¿Para qué estos senadores si en España el Senado no sirve para nada y su reforma tampoco se ha concretado a pesar del tiempo que lleva anunciada? ¿Y en qué medida además podríamos votar para el Senado si lo que se anuncia es el voto por correo rogado?”, plantea.
“Parto de la idea de que todos los españoles somos iguales, de que en el exterior hay cerca de un millón y medio, y me pregunto por qué no se plantean medidas similares para los vascos, que son un 1.700.000, o para los extremeños que son menos, o para los riojanos, que son menos aún”, añade.
Además, aprecia que con la salida de Consuelo Rumí de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración se ha cerrado un ciclo y que los consejeros generales están un poco a la expectativa “de lo que se pueda hacer ahora”.



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