Tiene ahora un plazo de 15 días para convocar la sesión de investidura

Silvia Clemente, presidenta del Parlamento de Castilla y León

La IX Legislatura de las Cortes de Castilla y León ya ha comenzado con la sesión constitutiva en la que la procuradora popular por Segovia, Silvia Clemente Municio, fue elegida presidenta del Parlamento.

Silvia Clemente, presidenta del Parlamento de Castilla y León

La IX Legislatura de las Cortes de Castilla y León ya ha comenzado con la sesión constitutiva en la que la procuradora popular por Segovia, Silvia Clemente Municio, fue elegida presidenta del Parlamento. La oposición, formada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL registraron 31 votos en blanco y 11 nulos. El procurador del Grupo Popular, Ramiro Ruiz Medrano, y la del Grupo Socialista, Ana Sánchez, fueron elegidos vicepresidentes primero y segunda de la Mesa. Por último, el procurador del Grupo Popular, Óscar Reguera, y el parlamentario socialista Óscar Álvarez fueron elegidos secretarios primero y segundo, respectivamente.

La Mesa de Edad, formada por Lourdes Villoria, del Grupo Popular; Álvaro Lora, del Socialista; y la procuradora de Podemos Lorena González, abrió la sesión.

El conflicto de la minería en Castilla y León se coló en la Constitución del Parlamento, ya que varios mineros pidieron ayuda al presidente en funciones, Juan Vicente Herrera, y a la nueva presidenta del Parlamento.

Herrera, que todavía no desveló si se postulará como presidente de la Junta, reiteró su apoyo a la causa minera y dijo que seguirá a su lado.

A partir de la constitución de este Parlamento, el pasado martes, día 16, Clemente tiene un plazo de 15 días para hacer consultas a los partidos políticos, proponer un candidato a la presidencia y convocar la sesión de investidura.

En principio, todo apunta a que el PP, que cuenta con 42 diputados, uno menos del necesario para la mayoría absoluta, se hará con la presidencia con el apoyo de Ciudadanos.

En caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta se realizará una segunda votación en la que sólo sería necesaria la mayoría simple.

Si no hay acuerdo las votaciones podrían repetirse a lo largo de dos meses. Llegados a ese plazo habría que disolver el Parlamento y convocar elecciones.