Establece ayudas al cántabro retornado y potencia la actividad de las Casas

Aprobado el proyecto de Ley de Casas de Cantabria, que aumenta los derechos de los emigrantes cántabros

El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Casas de Cantabria que aumenta los derechos de los emigrantes cántabros y recoge nuevas iniciativas para facilitar su retorno a la Comunidad Autónoma. La norma va a beneficiar a 136.000 cántabros que residen fuera de Cantabria, 93.000 de ellos en otras comunidades autónomas y 42.000 residentes en el extranjero, según los datos aportados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Aprobado el proyecto de Ley de Casas de Cantabria, que aumenta los derechos de los emigrantes cántabros
11:30	Sala de Prensa del Gobierno de Cantabria 	El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, informa, en rueda de prensa, sobre el proyecto de Ley de Casas de Cantabria.

nacho Romero ©
16 feb 18
Bernardo Colsa, Rafael de la Serna y Noelia García, en la presentación.

El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Casas de Cantabria que aumenta los derechos de los emigrantes cántabros y recoge nuevas iniciativas para facilitar su retorno a la Comunidad Autónoma. La norma va a beneficiar a 136.000 cántabros que residen fuera de Cantabria, 93.000 de ellos en otras comunidades autónomas y 42.000 residentes en el extranjero, según los datos aportados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha presentado el proyecto de Ley en rueda de prensa, junto al director general de Servicios Generales y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, y la secretaria general de su departamento, Noelia García.

De la Sierra cree que es una ley importante por su carácter simbólico y especial, al reforzar la Comunidad Autónoma de Cantabria y la atención directa de sus ciudadanos, a los que ha reconocido su espíritu por mantener en el exterior la cultura regional.

Ha subrayado el amplio proceso de participación que ha tenido la norma y espera que cuente con el mayor respaldo parlamentario.

El Gobierno ha decidido realizar una reforma integral de la norma reguladora de las comunidades cántabras en el exterior, con el fin de reforzar los derechos y la atención de los emigrantes cántabros en el exterior, proteger el patrimonio de las Casas de Cantabria e impulsar una mejor relación y vínculos con la Comunidad Autónoma.

La norma recoge mejoras técnicas motivadas por la experiencia del funcionamiento de la propia ley, que tiene una vigencia de 32 años –doce, desde la última reforma–, junto a las sugerencias planteadas por los miembros de las Casas de Cantabria durante el último encuentro celebrado en agosto de 2016 en Santander, centradas principalmente en relanzar la participación de los jóvenes, aumentar la participación del Consejo de Comunidades y facilitar el desarrollo tecnológico de los centros.

Cántabro retornado

La norma reconocerá por primera vez al emigrante que regresa a vivir a Cantabria, mediante la figura del cántabro retornado y facilitará la percepción de ayudas autonómicas para reforzar su integración social y laboral en la Comunidad.

El cántabro retornado se define como aquellos cántabros en el exterior que regresen a Cantabria para residir de manera estable estando en posesión de la correspondiente acreditación administrativa de retorno de acuerdo con la normativa estatal. La Ley, además de garantizar sus derechos básicos y los de sus descendientes, regula medidas de apoyo para aquellos que decidan regresar a Cantabria, al promover las actuaciones necesarias al objeto de facilitar la integración en la sociedad civil de Cantabria a los cántabros retornados.

El Gobierno deberá así facilitar el retorno para los cántabros que lo deseen y se les prestará asesoramiento y orientación de los derechos generados en el país en el que residieron y trabajaron como emigrantes, y sobre las medidas y programas establecidos para favorecer el retorno, especialmente en el ámbito de las prestaciones asistenciales.

También se establecerán las condiciones para favorecer la vuelta de los emigrantes cántabros, que estos obtengan la información necesaria sobre los aspectos más importantes del retorno y se faciliten las ayudas públicas que hagan efectivo este derecho, como es el caso del acceso a una vivienda pública. Y es que, hasta el momento, para acceder a este tipo de ayudas, se debe de justificar un tiempo de residencia en la Comunidad.

Con el objetivo de hacer más efectivo los derechos establecidos, la Ley recoge en una de sus disposiciones adicionales que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), promoverá la elaboración de un censo de cántabros en el exterior, para lo que recabará la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más ayudas a las Casas de Cantabria

Uno de los principales cambios legales tiene que ver con el apoyo económico que reciben las Casas de Cantabria, para que estas entidades puedan acogerse a las ayudas y subvenciones convocadas por las distintas consejerías.

De esta forma, a partir de la entrada en vigor de la norma, podrán ser beneficiadas de las ayudas culturales, lúdicas y deportivas convocadas anualmente por el Gobierno, en igualdad de condiciones que las entidades domiciliadas en Cantabria, dando cumplimiento así al ‘estatus jurídico’ que recoge el propio Estatuto de Autonomía.

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria ha respondido con la Ley a otra de las inquietudes demandadas por las Casas autonómicas, relacionadas con la efectiva preservación y protección del patrimonio que aglutinan estos centros.

La Comunidad velará por el destino de su patrimonio, a través de varias acciones. En primer lugar, realizará una catalogación e inventario del patrimonio de las comunidades cántabras. También, las Casas deberán solicitar informe a la Comunidad en el caso de que los bienes que integran su patrimonio sean objeto de venta, donación, segregación o cualquier otra operación económica que suponga la pérdida del patrimonio de la asociación.

Incluso, en el caso de disolución de alguno de los centros y de acuerdo a sus estatutos, se recoge que el patrimonio resultante de la liquidación podrá integrarse en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atendiendo, eso sí, a la normativa del territorio donde se encuentre domiciliada la Casa. La norma prevé que, ante el incumplimiento de conservar el patrimonio, las Casas no podrán acceder a las ayudas destinadas a este mismo fin.

Nuevas tecnologías y más juventud en las Casas

Otro de los puntos que se desarrollan en la nueva Ley, demandado por los centros, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar y fomentar la relación con quienes se encuentran fuera de la Comunidad.

Por eso, entre los derechos de las comunidades cántabras en el orden sociocultural, se recoge el intercambio de conocimientos en el ámbito de las tecnologías de la información, para lo que la Administración autonómica promoverá las estructuras y medios necesarios.

La ley responde a la inquietud de los socios de las casas de propiciar un relevo generacional que asegure el futuro de la actividad. Con este objetivo, Cantabria colaborará en la promoción de la participación de la juventud en el exterior, mejorar su formación y el acceso a la información, así como potenciar su acceso al mercado de trabajo.

La ley establece como un derecho para todos, especialmente para la juventud y la tercera edad que se encuentra en el exterior de Cantabria, el acceso a los servicios de carácter social, lúdico y deportivo del Gobierno de Cantabria.

Por último, se mejora el funcionamiento y estructura del Consejo de Comunidades Cántabras. Este órgano de carácter deliberante y consultivo, ampliará la representación de los órganos del Gobierno y tendrán cabida miembros de distintas consejerías, con lo que se extenderán las relaciones y potenciará la participación efectiva de las Casas en la vida social, económica y cultural de la Comunidad Autónoma.

Se incorpora al texto legal otra de las sugerencias solicitadas por las Casas de Cantabria, tendente a permitir la unión o fusión de las comunidades cántabras para facilitar el cumplimiento de los fines e intereses de las comunidades.