La Fiscalía de Asturias lleva al Supremo la denuncia de la Junta Electoral contra Foro
La Fiscalía de Asturias ha remitido al Ministerio Público de la Sala Segunda del Tribunal Supremo las diligencias abiertas por las manifestaciones de Foro sobre la actuación de la Junta Electoral Provincial en el escrutinio del voto emigrante al entender que puede haber indicios de delito.
Las diligencias fueron abiertas el pasado mes de mayo tras la denuncia formulada ante la Fiscalía por la Junta Electoral Provincial en relación con las acusaciones realizadas en una rueda de prensa por el senador de Foro, Isidro Martínez Oblanca. La Junta Electoral consideró que Oblanca, que tiene condición de aforado al formar parte de la Cámara Alta, le imputaba determinadas irregularidades y que había puesto en entredicho su objetividad e imparcialidad en el proceso electoral del pasado 25 de marzo.
Para la Fiscalía asturiana, la conducta del senador “puede revestir caracteres de delito” ya que imputa a la Junta Electoral Provincial una serie de actuaciones irregulares “que por otro lado no son ciertas”.
Además, añade el Ministerio Público, estas afirmaciones crearon alarma en la ciudadanía, teniendo en cuenta la difusión que tuvieron sus declaraciones, “todo ello en menoscabo de la pureza y legalidad del proceso electoral y de la propia actuación de la Junta”.
La Junta Electoral había comunicado a la Fiscalía las acusaciones de Foro por el procedimiento seguido en el escrutinio del voto emigrante en el que, según la formación de Francisco Álvarez-Cascos, había 334 sufragios cuya procedencia no resultaba “explicable”.
Además, Foro había trasladado al Tribunal Constitucional (TC) una alegación, finalmente rechazada, en la que planteaba la existencia de 334 emigrantes que habían participado en las elecciones sin haber rogado el voto y que la cifra era similar a la de los 332 votos que se contabilizaron pese a que llegaron a la Junta Electoral por correo sin pasar por consulados y embajadas como establece la ley.
Martínez Oblanca, que dirigió la campaña electoral de su partido, aseguró, tras ser preguntado si su formación estaba denunciando un “pucherazo” en el voto por correo, que tenía sus “dudas” sobre cómo pudieron votar esos 334 emigrantes y que sus servicios jurídicos iban a seguir trabajando ante “estas posibles irregularidades”.
Según Foro, diez días después del fin del plazo para rogar el voto la Delegación Provincial del Censo Electoral les entregó documentación sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que especificaba que habían solicitado el voto rogado 4.163 emigrantes, entre los que no se encontraban esos 334.
La Junta Electoral aseguró, por su parte, que el 5 de marzo se hizo entrega a los partidos de una copia del CERA con la información de las solicitudes de voto aceptadas hasta esa fecha, que se elevaban a 4.163.
Posteriormente, según este órgano, la oficina del censo electoral siguió recibiendo solicitudes de voto de las que fueron tramitadas exclusivamente las solicitadas dentro del plazo legal, hasta el pasado 25 de febrero, aunque fueran recibidas después del 5 de marzo de conformidad a los criterios de la Junta Electoral Central.
Así, el fichero del escrutinio del CERA entregado a la Junta Electoral constaba de 4.826 solicitudes de voto aceptadas, cifra oficial que fue publicada el 26 de marzo por la oficina del censo electoral en la página web del Instituto Nacional de Estadística.
Posteriormente, según la Junta Electoral, en el escrutinio realizado en presencia de los representantes de los partidos, se comprobaron todos los envíos recibidos y se introdujeron en las urnas sólo aquellos sobres de votación que venían acompañados de la correspondiente certificación censal, lo que fue verificado por los miembros de la Junta Electoral con un lector óptico.
