Asturias aprueba la creación de una Agenda Social que velará por la atención sanitaria de emigrantes y retornados

El Consejo de Gobierno aprobó esta semana la creación de la Agenda Social Asturiana (ASA), un documento de diagnosis y propuestas para mejorar los servicios públicos del Estado de Bienestar en el Principado.

La medida repercute positivamente en los asturianos que salgan al extranjero y hayan agotado las prestaciones por desempleo, más allá del tope de 90 días fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que con la aprobación de esta Agenda,  tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria. Igualmente, gracias a este acuerdo que permite reforzar los servicios públicos y atajar el riesgo de exclusión social, se ofrece garantía de asistencia sanitaria a los emigrantes retornados.

El texto, coordinado por la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, contó también con la participación de las consejerías de Sanidad, Educación y Presidencia. Además, tuvo en cuenta las aportaciones de las entidades del denominado tercer sector.

El documento se estructura en torno a tres grandes bloques: agenda para la cohesión social, agenda ante los nuevos riesgos sociales y agenda para situaciones de emergencia social, todo ello una vez analizado el contexto actual y realizado un diagnóstico general de la situación en Asturias.

Con este planteamiento, el Gobierno del Principado quiere consolidar y mejorar los servicios públicos ya existentes – básicamente los sanitarios, los educativos y los servicios sociales– y disponer también políticas y medidas concretas para afrontar los cambios de la sociedad y las consecuencias de la crisis.

Desde el Gobierno asturiano se considera que “la fortaleza de la recesión, su duración y las decisiones adoptadas por el Gobierno central para gestionarla –por ejemplo, la introducción de copagos, rebaja de derechos y de financiación– están dañando la equidad y la cohesión social. Esta situación exige mayores esfuerzos y soluciones más directas e inmediatas para paliar sus efectos”.

Uno de los principales riesgos de pobreza se cierne sobre la población menor de 24 años, que sufre las consecuencias de la dificultad de acceder al primer empleo dentro de un sistema productivo muy exigente en formación. Asimismo, tienen especiales dificultades los mayores de 50 años parados de larga duración. Un resultado preocupante del diagnóstico realizado es que la situación de las mujeres en Asturias presenta una tasa de actividad 11 puntos por debajo de la de los hombres. En esta misma línea, merece especial mención el colectivo de personas con discapacidad que con su baja tasa de actividad corre mayor riesgo de pobreza y exclusión.

Afrontar esta situación requiere más esfuerzo, nuevas medidas y más recursos. El Gobierno del Principado, que en 2013 dedicó el 67% del presupuesto a gasto social, es consciente de esta necesidad. Para ello, dispondrá todos los recursos posibles, pese a las dificultades económicas generales, agravadas por la situación de prórroga presupuestaria que vive el Principado.

Para alcanzar con éxito un objetivo tan ambicioso como el que sustenta la Agenda Social Asturiana es imprescindible aplicar una visión integral, de ahí que en el documento se inscriban medidas de varias consejerías. La equidad, calidad y proximidad son la pauta a seguir en los servicios públicos sanitarios, educativos y de servicios sociales, con independencia de la capacidad económica y lugar de residencia de los ciudadanos y ciudadanas para favorecer la igualdad de oportunidades. Lo que ha sido desde el primer momento una de las grandes prioridades de este Gobierno se refuerza y concreta con el análisis y las medidas de esta Agenda Social Asturiana.

Entre los compromisos compartidos con los ciudadanos que se recogen en el documento, en el plano de la atención a la salud destacan el derecho a la asistencia sanitaria para quienes salgan al extranjero y hayan agotado las prestaciones por desempleo, más allá del tope de 90 días fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares; la no aplicación del copago de medicamentos hospitalarios; la devolución de oficio de parte del copago a los pensionistas; el mantenimiento íntegro de la cartera de servicios sanitarios; ofrecer garantía de asistencia sanitaria a los emigrantes retornados; y establecer un acuerdo para la puesta en marcha de la coordinación sociosanitaria.

En lo que respecta a la educación, para mantener la igualdad de oportunidades, se habla de preservar el ratio alumno/profesor para incidir en la mejora del éxito escolar y la prevención del abandono escolar temprano, se apuesta por la escuela rural, y la defensa de las ayudas para libros de texto y material escolar. El acuerdo rechaza la aplicación del incremento de tasas universitarias en primera matrícula, la concesión de becas y ayudas a estudiantes universitarios: ayudas complementarias a la movilidad Erasmus, a la realización de másteres oficiales y a los estudios de inglés en el extranjero durante el verano; y la convocatoria para personal investigador de la Universidad.

En el apartado de servicios sociales y de lucha contra la exclusión social, se propone la creación de la ‘Mesa de lucha contra la exclusión y la pobreza’; la reducción del tiempo de tramitación del salario social al máximo legal de tres meses, garantizando la suficiencia de la dotación económica para el abono de las prestaciones y activando medidas de inserción sociolaboral; el fortalecimiento de las entidades del tercer sector colaboradoras con la administración autonómica; la preservación de las Unidades de Apoyo en los Centros Especiales de Empleo (CEE) para personas con discapacidad severa y el cumplimiento del porcentaje de empleo para personas con discapacidad en empresas.

Así mismo, se velará por la reservación del plan contra desahucios y facilitar el acceso a la vivienda; se prestará apoyo a jóvenes tutelados por la administración autonómica que llegan a la mayoría de edad, se implementarán medidas de respaldo a las familias con dificultades para afrontar los gastos del consumo energético; y se diseñarán programas de ayuda directa a las familias para el abastecimiento de alimentos.

Respecto a la aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, se pretende garantizar la incorporación de personas al sistema, reducción de las listas de espera y los tiempos de tramitación y reducción del impacto del copago.